Por Cristián Larroulet, CIES UDD | El Mercurio | Domingo 21 de agosto, 2022
La historia muestra que el progreso de los países ocurre mayoritariamente cuando estos logran tener un orden político democrático que asegure la gobernabilidad y la existencia de instituciones que motiven a las personas a invertir, educarse e innovar. Como dicen Acemoglu y otros, ‘la evidencia sugiere que la democracia ayuda al crecimiento’ (D. Acemoglu, et al., 2008)
La Constitución es la institución más relevante de un país, es la ‘ley de leyes’. Corresponde hacer una reflexión sobre si la nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre posee las instituciones que colaboran al desarrollo.
1 «Las sociedades exitosas requieren de medios para asegurar el orden político, crear orden constituye una tarea central para establecer los fundamentos del crecimiento económico de largo plazo. El orden político es un Bien Público que debe ser cuidadosamente construido» (D. North, et al, 2002.)
¿Colabora el proyecto constitucional a ese propósito? Un principio para lograr la estabilidad democrática es la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto con poseer reglas que permitan poner límites al poder político y asegurar la libertad de las personas. Al leer las normas propuestas, se observa que degradan el Poder Judicial, reduciendo su autonomía y fomentando la politización. Además, eliminan el Senado, creando una Cámara de Regiones con facultades significativamente menores, eliminando prácticamente el sistema bicameral y pasando la Cámara de Diputados a ser el principal ente de naturaleza política. Además, no considera un sistema electoral que ayude a reducir «la fragmentación política y así promover la cooperación» (V. Corbo, 2022).
Como lo afirma certeramente Oscar Landerretche, «el sistema político propuesto… más bien tiende a diluir el principio de separación de poderes, a desequilibrar los necesarios chequeos y balances entre instituciones del Estado, a exponer al sistema electoral a manipulación, a promover el oportunismo político y a concentrar excesivamente el poder en mayorías circunstanciales».
Quienes también analizaron el texto constitucional fueron los exministros René Cortázar y José Pablo Arellano, quienes concluyeron que ‘el nuevo sistema político propuesto crea incertidumbre respecto de la calidad de las reglas del juego futuras’.
2 «La estrecha relación entre propiedad y prosperidad se pone de manifiesto a través de la historia, donde se demuestra que una de las razones principales de la preeminencia económica de occidente es la institución de la propiedad» (R. Pipes., 1998).
En la materia, el proyecto, al modificar el pago por una expropiación desde el concepto de «daño patrimonial efectivamente causado» a «justo precio», afecta la inversión y la productividad, factor principal del progreso. Además, castiga la inversión en sectores donde tenemos ventajas competitivas, como en minería, agricultura, forestal, pesca y múltiples sectores industriales y de servicios encadenados a ellos. Esta alteración genera diversas interpretaciones, como lo acaba de confirmar el propio ministro Jackson, elevando la incertidumbre.
Asimismo, el derecho de propiedad intelectual e industrial se elimina del proyecto. Esta exclusión es completamente contradictoria con la necesidad de incrementar la innovación y el emprendimiento, claves en un mundo de cambio tecnológico acelerado. Igual cosa ocurre con el derecho al uso del agua.
3 Las instituciones macroeconómicas muestran que el impacto «de la inflación en el crecimiento es negativo», la disciplina fiscal y «una mayor independencia del Banco Central lleva a una menor expansión de la inflación». (R. Barro., 1996).
La propuesta muestra un retroceso. En efecto, un grupo de destacados economistas, con diferentes posiciones políticas, (González, De Gregorio, et al., 2022) los enumeran:
4 La capacidad del Estado es otro concepto determinante para explicar por qué hay países pobres y ricos. «Estados débiles y fallidos son una realidad y una fuente de miseria humana y desorden global» (T. Besley, T. Persson, 2011).
Son tres las dimensiones. La primera se relaciona con la capacidad para apoyar el rol de los mercados, asegurando el derecho a la propiedad privada de bienes físicos y de capital humano; segundo, proveyendo bienes públicos, regulando los mercados y colaborando con la igualdad de oportunidades y la equidad, y tercero, recolectando recursos para financiar sanamente un Estado capaz.
¿Apoya este rol la propuesta constitucional? Desgraciadamente tampoco es así ya que «propone un sistema político de difícil gobernabilidad, proclive a la fragmentación y el conflicto, que facilita el populismo» (A. Velasco, 2022).
Ya hemos mencionado varias normas que ocasionan un deterioro de esa capacidad, pero hay más. En el tema de la estabilidad y el orden, hay que destacar la degradación de las policías, el término del estado de excepción, la nueva normativa laboral que exacerba la conflictividad social, la modificación de la legislación que debilita la libre competencia, las nuevas reglas de descentralización, objetivo que compartimos, pero que no satisfacen las restricciones de sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad política.
En suma, el proyecto de nueva Constitución tendrá un impacto negativo para nuestra democracia y para alcanzar el desarrollo. ¿Repetiremos la historia, siendo nuevamente un caso de desarrollo frustrado? Tengo fe en la sabiduría de los chilenos que rechazaran para hacer una nueva y buena Constitución.
