Por Hernan Cheyre, presidente Consejo CIES UDD | La Tercera | Lunes 12 de septiembre
Aprendiendo de los errores que se cometieron en el fallido proceso constitucional reciente, y escuchando la voz expresada en las urnas por una amplia mayoría ciudadana, cabe esperar que en esta nueva oportunidad exista una genuina voluntad de dejar fuera las miradas maximalistas, y de abrir espacios que permitan alcanzar acuerdos transversales en los temas fundamentales. No se debería insistir en el fracasado camino de intentar plasmar en el texto constitucional un programa de gobierno específico, con un enfoque partisano, sino en establecer un conjunto de principios y normas que den cabida a distintas opciones de políticas públicas, con un rayado de cancha que sea aceptado por una gran mayoría. Esto último, entendido como requisito fundamental para lograr un horizonte de estabilidad en las próximas décadas.
Para quienes creemos en la fuerza del emprendimiento como el principal motor del desarrollo de los países, a la par de un Estado-facilitador que participe activamente en la creación de las condiciones requeridas para conjugar eficiencia productiva con igualdad de oportunidades, y también con capacidad para intervenir en aquellos casos en que la solución pura de mercado no coincida con lo que se estima es el óptimo para la sociedad, hay dos principios fundamentales a defender. El primero es el de la propiedad privada, el cual quedó debilitado en el texto rechazado: ambiguo concepto de «justo precio» en caso de expropiación, que en el caso específico de los derechos de agua se hubiera traducido en una auténtica confiscación a cientos de miles de agricultores, sin derecho a indemnización alguna.
El segundo es el de la libertad de emprender y el de la libertad de elegir de los ciudadanos ante distintas opciones, en los más diversos ámbitos y bajo igualdad de condiciones, sin otorgar preeminencia a la opción que ofrezca el Estado. Este tema adquiere especial relevancia en lo referido al desarrollo de actividades productivas por parte del sector privado en áreas en que una visión ya añeja continúa calificándolas de «estratégicas» para el Estado, pero donde las alianzas con la empresa privada han mostrado singular éxito en las últimas décadas (caso del litio y de las concesiones de obras públicas, por ejemplo), y también en lo relacionado a los «derechos sociales» (previsión, salud, vivienda, educación, entre otros), considerando que hay una mayoría en favor de su incorporación al texto.
Y si en definitiva prevaleciera una mirada de corte más «socialdemócrata» en estas materias, ello no debería contraponerse con la opción de otorgar la libertad de elegir a los ciudadanos entre distintos proveedores de los servicios respectivos, tal como ocurre en países como Suecia, que no son precisamente el paradigma de un modelo «neoliberal». El concepto fundamental a defender de cara a un nuevo texto, en definitiva, es el de colocar el tema de las libertades personales en un primer lugar, evitando así que los ciudadanos queden subyugados a decisiones que el Estado pudiere adoptar por ellos.
