Por Hernán Cheyre, presidente Consejo CIES UDD | El Mercurio, martes 25 de octubre, 2022

Ya nadie discute la severidad del ajuste recesivo por el que está atravesando la economía chilena, ni tampoco hay dudas acerca de los problemas de productividad que se arrastran desde hace largo tiempo, y que están comprometiendo seriamente la capacidad de crecimiento futuro.

Para resolver este problema no hay una única mirada, siendo una de las principales diferencias en la discusión política sobre el tema el rol que se le asigna al Estado como agente en la estrategia de desarrollo: un rol “facilitador”, que crea las condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle con todo su potencial, o un rol “emprendedor”, más activo en el direccionamiento de la estrategia.

El actual Gobierno, en consonancia con lo establecido en sus bases programáticas, está dando pasos para avanzar de acuerdo a esta segunda mirada.

Más allá del legítimo debate que pueda haber sobre esta materia, lo que está fuera de toda duda es que en ambas visiones la capacidad de gestión del Estado es fundamental para poder avanzar en la dirección buscada, de manera que esto debería ser un punto de consenso para cualquier estrategia de desarrollo.

Las falencias del aparato estatal chileno son de sobra conocidas, y abarcan desde la mala calidad de muchos de los servicios que se ofrecen directamente a la ciudadanía —el caso de la salud es el más emblemático— hasta la negativa evaluación que hay respecto de un gran número de programas públicos en marcha, que no están cumpliendo con los objetivos que se contemplaron al momento de su diseño, y que la inercia de la burocracia así como la presión de determinados grupos políticos dificulta su reorientación, o derechamente su término.

A lo anterior habría que agregar también la falta de capacidad de ejecución de los recursos efectivamente disponibles por el Estado: al mes de agosto de 2022 solo se ha ejecutado un 66,8% del presupuesto anual —y un 42,1% del gasto en capital—, lo cual permite poner en duda que la meta anual logre ser efectivamente cumplida, y también siembra dudas respecto de la capacidad de ejecutar el presupuesto del próximo año, especialmente en el ámbito de la inversión pública, cuyo rol es de gran importancia en períodos de contracción económica.

Y a todo lo ya señalado habría que agregar los problemas de coordinación que se suscitan entre distintas reparticiones públicas.

No deja de resultar paradójico que en el marco de la política industrial que está impulsando el propio Gobierno en materia de descarbonización, haya iniciativas de apoyo al hidrógeno verde que se estén viendo entrabadas en su implementación por falta de agilidad de otras instancias estatales.

Hay, pues, una importante tarea por delante en materia de mejora de la capacidad de gestión del Estado que es de vital importancia para lograr una mayor productividad.

Antes de pensar en recursos adicionales para el Estado, lo que se debe hacer es mirar hacia adentro, y ver cómo se utiliza mejor lo que ya existe.