Por Hernán Cheyre
Presidente CIES UDD
Las miradas respecto de lo que se proyecta para la economía chilena en 2023 son unánimemente negativas. Gobierno, Banco Central, analistas locales y extranjeros, todos anticipan un complejo período. Esta semana ha sido el turno del FMI, señalando que Chile será el único país de la región que el próximo año sufrirá una caída en el PIB.
Acostumbrados a ocupar durante largo tiempo la posición de líder en la tabla regional de desempeño económico, no deja de impresionar que en tan poco tiempo la situación se haya revertido al punto de estar ocupando actualmente uno de los últimos lugares, lo cual le está significando a Chile perder relevancia como lugar atractivo para ahorrar e invertir, con un evidente perjuicio para la gran mayoría de la población en cuanto a menores puestos de trabajo, salarios más bajos y tasas de interés más altas. Es cierto que el ajuste en marcha era algo inevitable luego del exceso de gasto en 2021, pero tampoco se puede desconocer que, más allá de esto y de la mayor incertidumbre en el escenario mundial, hay factores internos que han agravado el problema y que están ocasionando una costosa contracción adicional.
¿Van a cambiar mucho las condiciones de contexto en 2023? Probablemente no. La incertidumbre económica y geopolítica a nivel global seguirá estando presente, y la discusión constitucional concentrará nuevamente buena parte del debate público, si bien en caso de lograrse un acuerdo transversal que establezca bases constitucionales razonables, los riesgos para la economía podrían verse acotados. A partir de esta realidad, lo que haga o deje de hacer el Gobierno en materia de políticas públicas y de señales concretas va a ser, en definitiva, lo que pueda inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
La política fiscal que se está proponiendo, en términos agregados, está en línea con una convergencia en el nivel de deuda pública que, de lograr mantenerse la disciplina de gasto, indudablemente va a contribuir a la estabilidad macro. Pero en los temas más de fondo, el curso que tomen la reforma tributaria y la previsional serán determinantes para el futuro de nuestro alicaído mercado de capitales -factor clave para el desarrollo económico de los países-, y, más en general, para la evolución del ahorro y la inversión en la economía.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno tiene mucho por hacer para lograr que se ejecute -y bien- el presupuesto aprobado, especialmente en lo relativo a la inversión pública, donde se concentran los mayores atrasos, y lo mismo habría que decir respecto de la agilización de los permisos, donde, respetándose la institucionalidad, los temas de gestión son fundamentales. Convertir al Estado en un agente facilitador de los proyectos y no en un obstáculo es una materia en la que hay muchos espacios para avanzar durante 2023, pero para ello es necesario sacarse las anteojeras ideológicas.
No deja de ser un contrasentido que los proyectos para desarrollar hidrógeno verde en Magallanes, que forman parte de los esfuerzos que está desarrollando la Corfo bajo la lógica de las ‘misiones’, en el marco de una nueva -aunque discutible-política industrial, estén enfrentando trabas desde el propio aparato gubernamental. Hay, pues, problemas de gestión que está en manos del propio Gobierno resolver, y que pueden ser determinantes para acotar la caída del PIB que se anticipa.
‘Dado que la incertidumbre económica y geopolítica a nivel global seguirá presente, y también la discusión constitucional, lo que haga o deje de hacer el Gobierno en materia de políticas públicas y señales concretas será determinante para acotar la caída del PIB que se anticipa’.
