Fuente: El Mercurio
Lunes 05 de diciembre 2022

El inversor público (IPPA) no asegura una competencia leal en la gestión de inversiones, ya que otorga una ventaja inicial (default) al administrador público”.

(El nivel de las pensiones) ha resultado insatisfactorio a raíz del impacto del desempleo y su consecuencia en las lagunas previsionales y de la elevada informalidad”.

Si bien la tramitación de la reforma previsional que se discute en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se tomará una pausa por la semana distrital y volverá con el pie en el acelerador recién desde el 12 de diciembre, los análisis de la propuesta presentada por el Ejecutivo se mantienen, desde diversas aristas.

En este marco, el exministro de Segpres de la administración Piñera y académico del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la FEN UDD, Cristián Larroulet, abordó en específico la nueva institucionalidad de la reforma, a partir de un ente centralizado que se encargará de la administración de cuentas (APA), y los gestores de inversión público (IPPA) y los privados (IPP).

Lo primero, señala que, analizando los últimos 40 años, el nivel de las pensiones “ha resultado insatisfactorio a raíz del impacto del desempleo y su consecuencia en las lagunas previsionales y de la elevada informalidad”, ya que 9% de los trabajadores por cuenta propia cotiza en forma independiente y solo el 2% de los pensionados ahorró por más de 35 años, mientras que un 56% lo hizo por menos de 15 años.

Así, “el problema no es el sistema de capitalización, sino que perfeccionar la institucionalidad para aumentar los aportes, alargar la edad de jubilación y simultáneamente incorporar políticas redistributivas racionales para elevar las pensiones”, valorando, eso sí, la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según Larroulet, “se está proponiendo un nuevo sistema previsional que tiene todos los problemas de un monopolio estatal y eso no ayuda para tener mejores pensiones”.

¿En qué sentido? Respecto del inversor público (IPPA), dice que “no asegura una competencia leal en la gestión de inversiones, ya que otorga una ventaja inicial (default) al administrador público” y que eso “le otorga una ventaja monopólica al ente estatal” que “debilitará el objetivo de otorgar la mejor rentabilidad y servicio a los ahorros de los trabajadores” por falta de competencia.

Agrega que el hecho de que el IPPA administre el Fondo Integrado de Pensiones (FIP, creado con el 6% de cotización) “le permite economías de escala que afectan aún más la competencia”, en tanto que asevera que este tipo de instituciones “son susceptibles de mayores presiones de grupos de interés internos y externos que las alejan de su frontera de eficiencia”.

Dicho lo anterior, se pregunta: “¿Cuál va a ser su prioridad: maximizar el retorno sustentable del FIP o ganar la competencia por el retorno de los fondos de capitalización privados?, ¿cómo se compite con un ente que no puede desaparecer?”.

En este sentido, afirma que las funciones del IPPA lo hacen estar involucrado directamente o indirectamente con la gestión de un monto de recursos en torno a un tercio del PIB, y que “la gobernanza propuesta es débil, susceptible de captura y con una fiscalización que resulta muy difícil de realizar para garantizar su eficiencia”, así como el riesgo de subsidios cruzados.

Respecto del APA, Larroulet enfatiza que el debate de las economías de escala es de larga data, y que “la solución óptima sería regular ese mercado introduciendo competencia ex ante a través de licitar este servicio para traspasar a los cotizantes esos menores costos y no creando un monopolio estatal”, recogiendo experiencias, como las de Previred.

También menciona el riesgo de influencia de los grupos de interés, especialmente en las instituciones públicas, ya que el APA tendrá relación con grupos de diferentes tamaños e intereses.

“Como se sabe, mientras más pequeños sean esos grupos y más beneficios per cápita obtienen de su relación con el APA, ejercerán más presiones al ente estatal”, explica.

En este contexto, enfatiza los riesgos de captura de los sistemas públicos, donde —advierte— “la Superintendencia de Pensiones queda disminuida frente al poder e influencia de la APA y la IPPA.

Solo para ilustrar, el APA pasará desde los actuales 2.400 funcionarios del IPS a 4.132 en régimen”.

Por último, si bien valora el aumento de la cotización en 6%, no considera conveniente que sea con cuentas nocionales, “porque ellas son muy susceptibles a la presión política y de grupos de interés” y “es precaria desde la perspectiva del derecho de propiedad”.

Cristián Larroulet, académico del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la FEN UDD.