Hernán Cheyre
Presidente del Consejo CIES UDD
09 de junio 2023
Diario Financiero

El rechazo en la Cámara al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno ha obligado al ministro de Hacienda a cambiar el contexto bajo el cual va a reformular esta propuesta en el Senado. Un proyecto inicialmente enfocado en el objetivo de recaudación (4,1% del PIB en régimen), que introducía gravámenes que iban a tener un impacto negativo sobre el ahorro y a la inversión, y por ende que iba a afectar negativamente el crecimiento económico, principal fuente de recaudación tributaria -no aprendiendo de las lecciones que en esta materia dejó la reforma aprobada durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet-, está dando paso a una estrategia diferente. El planteamiento realizado por el ministro Marcel ante los máximos dirigentes empresariales de la CPC, donde el tema de la reforma tributaria la enmarcó en la necesidad de un Pacto Fiscal para el Desarrollo, en el cual los cambios impositivos serían solo una parte -por cuanto también se incorporaría una identificación de las necesidades y prioridades de gasto, así como medidas para mejorar la eficiencia y el desempeño del Estado- claramente marca una diferencia con el enfoque que se utilizó en la tramitación del proyecto rechazado, donde lo que predominó fue el voluntarismo.

Pero para que la forma de la nueva propuesta se convierta también en el fondo, se va a requerir de un compromiso político transversal que trasciende con mucho lo que se pueda finalmente acordar con gremios y agrupaciones de trabajadores.

De haber una genuina disposición para mejorar eficiencia en el uso de los recursos públicos ello va a implicar la aplicación de cirugía mayor en áreas y programas en los que por presiones políticas no ha sido posible avanzar, sea por inercia o por “captura” partidista. Y para eso tiene que haber disposición a pagar el costo político que esto significa.

En materia de necesidades de gasto, el ministro Marcel presentó un listado de prioridades, entre ellos el incremento en el valor y cobertura de la PGU, la reducción de listas de espera en salud y el pago de la llamada “deuda histórica” con los profesores. Podrá discutirse arduamente respecto de la pertinencia de cada una de ellas, así como de otras que no aparecen en la lista, pero ese es un debate inconducente: no existiendo en Chile la afectación tributaria -es decir, no estando legalmente autorizado que la recaudación obtenida por un impuesto específico sea destinada al financiamiento de un gasto o programa en particular-, la discusión sobre esto tiene un efecto esencialmente distractor.

Los recursos públicos son fungibles, de manera que lo verdaderamente relevante es saber con cuántos recursos globales se dispone y a partir de ello decidir sobre la forma de gastarlos, que es precisamente el ejercicio que se realiza todos los años con la aprobación de la ley de presupuestos.

No existe tal cosa como “vamos a subir el impuesto X para poder aumentar el gasto en el programa Z”. Y es por ello que, a fin de cuentas, la estructura tributaria debería diseñarse pensando en el financiamiento del presupuesto global velando por la simplicidad, la eficiencia (mínimas distorsiones que afecten negativamente el crecimiento económico) y la equidad (horizontal y vertical). Si este es el objetivo final, desafiante es la tarea que viene, pero bienvenida sea.