Consciente el Gobierno de que carece en el Senado de los votos requeridos para aprobar una reforma tributaria que suba impuestos, las autoridades económicas están multiplicando esfuerzos para lograr apoyos necesarios.
El ámbito de la reforma se está ampliando a lo que se ha denominado “pacto fiscal para el desarrollo”, que no solo incluiría materias impositivas, sino que también abarcaría temas orientados a lograr un uso más eficiente de los recursos públicos ya existentes.
Pero el ambiente político se está viendo más complicado para poder avanzar en esta línea, y los hechos recientemente conocidos sobre transferencias directas realizadas desde reparticiones públicas hacia organizaciones de la sociedad civil, sin mediar concurso alguno, están teniendo el efecto de un verdadero tiro de gracia sobre la idea de subir impuestos.
El ministro de Hacienda, bastante urgido a raíz de las dificultades que está enfrentando para poder aprobar un proyecto de reforma tributaria, llegó a afirmar en un programa de televisión que si esta no se aprueba existiría el riesgo de que se genere un nuevo estallido social, en consideración a las demandas sociales que quedarían insatisfechas.
Esta declaración causó sorpresa por lo temerario del juicio, sobre todo considerando que —como se ha debatido largamente— está abierta la opción de reasignar recursos públicos, lo que de hecho forma parte del pacto fiscal que se está promoviendo.
Pero hay algo muy cierto en el trasfondo de lo que dijo Mario Marcel: demandas insatisfechas son caldo de cultivo para que germine el descontento ciudadano.
Dicho esto, lo que se debe tener en cuenta es que la raíz del problema no se remite a la recaudación tributaria per se, sino que a la falta de crecimiento económico, única fuente sustentable para generar más y mejores empleos, mejores remuneraciones, mayor consumo, y también un mayor volumen de recursos fiscales.
Por lo tanto, refraseando al ministro Marcel, lo que sí se puede decir es que el riesgo de un estallido se va a producir en la medida en que Chile no logre recuperar su capacidad de crecimiento, cuya actual proyección es absolutamente insuficiente de cara a las necesidades y a los desafíos que enfrenta el país.
No se debe olvidar que la ralentización del crecimiento en los años previos a 2019 explica en buena medida el descontento del 18-O.
Es por esto que en las actuales circunstancias, con una economía muy debilitada, el foco de la política pública debe colocarse en la generación de acuerdos para dar curso a un “pacto por el crecimiento”, y la reforma tributaria debería ser reformulada bajo esta mirada.
