Viernes 14 de julio 2023 | Diario Financiero

En el debate sobre la debilidad del crecimiento económico en Chile el tema de la productividad surge como algo prioritario en todas las discusiones. Y es lógico que sea así, puesto que las ganancias de productividad fueron el motor fundamental del progreso económico de las últimas décadas, y en forma progresiva el dinamismo de esta fuente de crecimiento se ha venido apagando, al punto de haberse llegado a un punto de virtual estanca= miento como tendencia de mediano y largo plazo.

En la explicación de las causas de este fenómeno, los críticos de la actual estrategia de desarrollo ponen el acento en que es necesario pasar a reformas de segunda generación que permitan “complejizar” y aumentar el valor agregado de la canasta exportadora de Chile. Los defensores de dicha estrategia, en cambio, sostenemos que el problema de fondo radica en la falta de condiciones de entorno para poner en marcha nuevos proyectos de inversión, así como en políticas públicas inadecuadas para afrontar los nuevos desafíos que impone el contexto de una economía crecien

temente globalizada que se desenvuelve en el marco de lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial.

A fin de cuentas, lo que subyace a este debate es el rol que debe desempeñar el Estado en el proceso de desarrollo económi co, sea como “facilitador” de la actividad privada, fomentando un mejor y más ágil funcionamiento de los mercados, o bien como “emprendedor”, participando directamente en los desarrollos productivos y orientando la estrategia de desarrollo en una cierta dirección.

Esta discusión es de la mayor relevancia, pero estas diferencias carecen de sentido si fallamos en lo más básico, como es la posibilidad práctica de poner en marcha nuevos proyectos de inversión, requisito básico para cualquier progreso económico. ¿Qué sentido tiene discutir si la estrategia

de desarrollo debe orientarse en una u Otra dirección cuando se enfrentan dificultades paralizantes en lo esencial, como la posibilidad de construir y ejecutar nuevos proyectos de inversión? No deja de ser paradójico que el impulso que el Gobierno le está dando a proyectos para desarrollar hidrógeno verde en el marco de lo que ha definido como “nueva política industrial” -cuyo impacto efectivo es discutible- se esté viendo obstaculizado por una excesiva “permisología” y por complejas regulaciones sectoriales que entraban la puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Pero este problema trasciende a sectores productivos específicos, y tiene un alcance que es mucho más general. Un reciente informe elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) identificó más de 400 trámites que afectan el proceso de inversión, dejando de manifiesto que las tramitaciones están excediendo los plazos legales y que la ruta crítica de algunos proyectos ¡llega casi a los 11 años! Con este tipo de restricciones va a ser imposible dar el impulso que se requierea la inversión y a la productividad, y bajo este marco cualquier discusión de corte más conceptual carece de sentido práctico.

Está claro, pues, por donde hay que partir, y en este sentido el informe de la CNEP contiene recomendaciones específicas que el Gobierno y el mundo político en general deberían mirar con atención, las que trascienden cualquier mirada ideológica que pueda haber sobre el tema. Partamos por esto, donde debería ser más fácil alcanzar mínimos comunes, ya que de lo contrario seguiremos estancados.