Hernán Cheyre V.
Presidente CIES UDD
Diario Financiero
Viernes 14 de junio
Tal como se había anunciado, el Gobierno ingresó a tramitación legislativa el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo S.A, (AFIDE). Su origen se remonta al programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric, donde se planteaba crear un Banco Nacional de Desarrollo para mejorar el financiamiento de proyectos innovadores que contribuyan a la diversificación productiva.
En este mismo espacio planteamos la inconveniencia de avanzar por ese camino, toda vez que en Chile ya existe una institución que cumple las funciones más características de una banca de desarrollo -la Corfo- que entrega fondos para capital de riesgo, intermedia créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, otorga garantías crediticias y entrega recursos para financiar proyectos de innovación, entre varios otros instrumentos.
Desde esta perspectiva, el proyecto representa un avance respecto de lo planteado originalmente, puesto que lo que se está proponiendo es un spin-off de la actual Gerencia de Inversión y Financiamiento de la propia Corfo, transformándola en una entidad autónoma organizada como una S.A., administrada por un directorio profesional y con supervisión de la CMF. Este cambio institucional es valioso por sí mismo, por cuanto permitiría mejorar los sistemas de control y la transparencia con la que se manejan cuantiosos recursos públicos.
Las discrepancias surgen al revisar el alcance de las actividades de la AFIDE a partir del criterio de subsanar “fallas de mercado” y de lograr movilizar recursos privados hacia nuevos sectores productivos que, por su mayor riesgo, enfrentan dificultades de acceso a financiamiento. ¿Cuál es el verdadero alcance de las “fallas de mercado” que se busca resolver? El proyecto señala que, tal como lo hace Corfo en la actualidad, el grueso de sus actividades serían de “segundo piso”, pero deja abierta la puerta a actividades de “primer piso” que perfectamente podrían desarrollar entidades privadas, con las garantías e incentivos adecuados. El proyecto habla explícitamente de préstamos directos a startups.
Permitir las operaciones de “primer piso” abriría una puerta que a corto andar se transformaría en créditos directos a las PYME y a sectores productivos con poder de presión, tal como lo fue en el pasado, con resultados bastante insatisfactorios. El apoyo financiero a las startups podría quedar circunscrito al ámbito del capital de riesgo, especialmente si se considera que el proyecto contempla la creación de la figura del “fondo de fondos”, que le daría mucho más profundidad a esta industria al permitir que otros inversionistas institucionales aporten recursos.
Otro tema que debería quedar mejor resuelto, es lo relativo al foco en la diversificación productiva, por cuanto ello podría derivar en una modalidad de selectividad sectorial, siendo este un tema en el que subsisten profundas diferencias.
Tampoco aparece adecuado que el proyecto autorice a la AFIDE a emitir deuda pública por sí misma, lo que debería quedar radicado exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. Y, por último, cabría evaluar la opción de que alguna entidad multilateral participe con algún porcentaje en la propiedad de la AFIDE, par garantizar una mayor disciplina de mercado en su operación.
