Hernán Cheyre
Diario Financiero
13 de septiembre

Los críticos de los sistemas económicos basados en el libre funcionamiento de los mercados suelen argumentar que la realidad es muy diferente a lo que se sostiene a nivel teórico, y que por tanto los beneficios que se atribuyen a una economía de mercado no pasan de ser una utopía: los modelos de competencia perfecta no existen en el mundo real; la codicia de los empresarios suele traducirse en abusos a los consumidores, cobrando precios más altos y ofreciendo productos de menor calidad, y a los trabajadores, pagando salarios más bajos y ofreciendo trabajos más precarios. En contraposición a lo anterior, lo que se suele proponer es una mayor presencia del Estado en la economía tanto en la provisión directa de bienes y servicios considerados como esenciales, como también fijando precios y estableciendo regulaciones más estrictas que brinden una mayor protección a consumidores y trabajadores.

Nadie podría discutir la aseveración de que la competencia perfecta no existe en el mundo real, por cuanto la disponibilidad de información no es un bien libre y generarla implica costos; porque la libre entrada a los mercados enfrenta barreras y fricciones que le restan fluidez al desplazamiento de recursos entre sectores; por la presencia de costos de transacción en la negociación de contratos; porque la existencia de riesgo y de asimetrías de información generan acceso al crédito en condiciones diferenciadas para distintos tipos de empresas; y por cuanto las propias regulaciones que impone el Estado en distintos ámbitos generan condiciones diferentes para uno u otro tipo de empresas.

Pero el asunto de fondo en esta discusión es otro. No se trata de comparar entre mundos perfectos o ideales sino que entre realidades concretas: así como en determinadas circunstancias se está en presencia de “fallas de mercado”, también existen las “fallas de Estado”, y al intentar corregir las primeras no se debe dejar de tomar en cuenta la existencia de las segundas, de manera que la intervención estatal no es siempre el mejor camino. ¿O acaso el Estado dispone de mayor y mejor información que el mercado respecto de las distintas industrias y sectores productivos? ¿O acaso en el Estado no existe un “riesgo de captura” por parte de grupos de interés que también pueden afectar negativamente a consumidores y trabajadores?

En el contexto de las realidades y no de las utopías, lo que se debe perseguir es generar las condiciones de entorno para que el mercado pueda funcionar de la mejor manera posible, dando así espacio al despliegue de la actividad emprendedora como motor del progreso económico, reservándole al Estado el rol fundamental de establecer las condiciones de borde que se necesitan y de velar por su cumplimiento efectivo a través de una institucionalidad adecuada para tales fines. En este contexto, hay un espacio natural para intervenciones estatales que apunten a corregir “fallas de mercado”, pero solo en la medida que el beneficio que se espera obtener sea superior al costo de tales intervenciones y a los efectos colaterales que ellas provocan, es decir, que no sean sobrepasadas por los costos asociados a las “fallas de Estado”.