Hernán Cheyre V.
Presidente CIES UDD
Diario Financiero
Viernes 11 de octubre
Como es habitual todos los años, las primeras discusiones que se generan luego de la presentación del proyecto de ley de presupuestos están referidas a los principales guarismos, entre ellos el crecimiento proyectado para el gasto fiscal, el supuesto de expansión del PIB que subyace a la estimación de los ingresos y la proyección del déficit. En esta oportunidad, el Gobierno ha puesto énfasis en que se trata de un presupuesto responsable, con el gasto fiscal creciendo un 2,7% en 2025 respecto del monto aprobado en la ley anterior -cifra similar a lo que el Gobierno estima sería el crecimiento del PIB el próximo año-, estimándose un déficit fiscal efectivo equivalente al 1% del PIB, y manteniéndose el compromiso de avanzar hacia un déficit estructural (cíclicamente ajustado) de 1,1% del PIB.
Ante estas cifras, la primera pregunta que surgió fue respecto de cuál es la expansión efectiva del gasto. Considerando que ante la sobreestimación de ingresos para 2024 ha sido necesario ajustar el gasto respecto de lo inicialmente proyectado, el ministro de Hacienda ha señalado que la expansión efectiva del gasto fiscal sería de 3,8%.
El segundo punto en discusión ha sido respecto de la prudencia de que en un contexto de estrechez fiscal el gasto público crezca más que el PIB efectivo y, desde luego, por sobre el PIB tendencial.
Desde el punto de vista macro no se trata de una expansión desorbitada en cuanto a su impacto sobre la demanda agregada, pero el problema es otro, no debiendo olvidarse la forma como se estima el nivel de gasto fiscal en función de la regla fiscal vigente: a partir de una estimación de los ingresos fiscales que toma como referencia los parámetros estructurales (esencialmente PIB de tendencia y precio del cobre de largo plazo) se calcula un nivel de gasto máximo sumando al valor anterior un monto equivalente al déficit cíclicamente ajustado comprometido para el período (1,1% del PIB en este caso).
Y al comparar ese nivel de gasto con los ingresos efectivos estimados surge como diferencia el déficit efectivo que se proyecta, que para el año 2025 el Ministerio de Hacienda estima en una cifra equivalente al 1% del PIB.
¿Cuál es el problema, entonces? La dificultad surge por cuanto, nuevamente, habría una sobreestimación de los ingresos fiscales -en buena medida explicada por una visión muy optimista respecto del impacto de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario-, la que analistas privados estiman en el equivalente a 1% del PIB. De ser esto así, tanto el déficit efectivo como el estructural se acercarían al 2% del PIB y, de ocurrir esto, la presión sobre la deuda pública la haría superar el 43,5% del PIB, que es consistente con el proyecto enviado, persistiendo en una tendencia alcista que es imperativo atenuar para no arriesgar una baja en la clasificación de riesgo.
Y como no hay magia para aumentar los recursos fiscales, la corrección de este problema inevitablemente va a requerir un ajuste en el gasto público contenido en el proyecto de ley que ha iniciado su tramitación.
