Klaus Schmidt-Hebbel
Profesor e investigador CIES UDD
El Mercurio «De Puño y Letra»
Martes 26 de noviembre 2024

El incumplimiento fiscal refleja un exceso de gasto público y una sobreestimación de ingresos fiscales.

Durante medio siglo, Chile perfeccionó su institucionalidad fiscal, dando sustento a una política fiscal responsable. Sin embargo, este soporte se ha debilitado. Las debilidades se reflejan en metas de déficit estructural del Ministerio de Hacienda (MH) poco exigentes para 2024-25, que además no se cumplen. Tampoco se cumplen las proyecciones de déficit fiscal efectivo, que el mercado estima en 2,7% (2024) y 1,7% (2025) del PIB, ambas en 0,7% superiores a las del MH. Con ello, la deuda bruta del Gobierno se elevará a 41,5% del PIB en 2025. Así, el actual MH deja la mayor parte del ajuste fiscal al gobierno siguiente.

El incumplimiento fiscal refleja un exceso de gasto público y una sobreestimación de ingresos fiscales, causada por la sobreestimación del crecimiento del PIB y de los ingresos por reformas tributarias (como la Ley de Cumplimiento Tributario) por el MH. El bajo crecimiento pasado está reflejado en una brecha entre el índice del PIB de Chile respecto del de los países G20, que alcanzó 4,0% al final de Bachelet II, luego disminuyó algo —a 3,8%— al final de Piñera II y explotará a un estimado 12,7% a fines de 2025, debido al estancamiento bajo Boric.

Además, el mencionado nivel de deuda pública subestima severamente los pasivos totales del sector público, porque esa medida excluye las deudas con los proveedores, de las empresas públicas y de los municipios, como también los pasivos contingentes e implícitos del Estado. Todos estos pasivos han aumentado significativamente bajo el actual Gobierno, por lo que la deuda total efectiva probablemente sea el doble de la deuda pública reconocida.

¿Cuáles son las nueve reformas que requiere la institucionalidad fiscal y del Estado para que Chile logre reiniciar una senda de sostenibilidad fiscal y crecimiento económico?

Reformas de la institucionalidad fiscal

-El MH debe fijar metas fiscales más ambiciosas y luego cumplirlas, para estabilizar la relación de deuda al PIB. El siguiente gobierno deberá fijar una meta más exigente para el balance estructural (por ej., un superávit de 0,5% del PIB, similar al 1% fijado en 2001-2007), para reconstituir los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social.

-El MH debe alcanzar la máxima transparencia de sus proyecciones fiscales y del presupuesto fiscal, presentando paso a paso los cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), desde las proyecciones del crecimiento tendencial del PIB y del precio del cobre de largo plazo hasta el detalle de las distintas categorías de ingresos públicos.

-El MH debe estimar y proyectar la hoja de balance completa del gobierno general y del Estado. Primero deberá medir todos los activos y pasivos financieros del Estado, y luego añadir los activos y pasivos contingentes, implícitos y reales (incluyendo propiedades fiscales y parques nacionales). Esta medición, complementada por una política de manejo racional de activos y pasivos, deberá ser expuesta en un Informe Anual del Balance del Estado, presentado al Congreso.

-Por ley se deben ampliar las atribuciones y funciones del Consejo Fiscal Autónomo o CFA (que cumple sus limitadas tareas actuales con excelencia), y dotarlo con mayor financiamiento y acceso a toda la información requerida a la Dipres. El CFA deberá proyectar todas las variables y los parámetros económicos clave en la planificación y ejecución de la política fiscal.

Reformas del Estado

-Transparentar todos los gastos del Estado, incluyendo todos los sueldos, honorarios, pagos a proveedores, transferencias, etc., en todos los niveles del Estado. Solo se deben exceptuar los gastos en seguridad nacional, defensa e investigación criminal.

-Racionalizar y luego privatizar hasta un tercio del patrimonio de las empresas públicas del Estado, manteniendo su control estatal.

-Reformar el Estado, eliminando los delegados presidenciales, reducir y/o consolidar significativamente las seremis, reducir los cores y eliminar las provincias.

-Reformar profundamente el Estatuto Administrativo de los empleados públicos.

-Crear un Ministerio de Reformas del Estado y de la Regulación.