Hernán Cheyre
Presidente CIES UDD
Diario Financiero
10 de enero 2025
Si se aspira a mejorar las pensiones de una manera que sea sostenible, no hay otro camino que no sea el de aumentar el ahorro previsional. El proyecto de reforma que está tramitando el Gobierno contempla un aumento en la tasa de cotización de seis puntos porcentuales -lo cual acercaría a Chile a la tasa de contribución promedio que se observa en los países de la OCDE-, pero persiste en el oficialismo la idea de que estos puntos adicionales deberían dividirse entre aportes directos a las cuentas individuales de los trabajadores y aportes para financiar beneficios solidarios. Siendo lo más justo y lo más eficiente desde el punto de vista del fortalecimiento de la capacidad para sustentar mejores pensiones que la totalidad de la cotización adicional se destine a las cuentas individuales y que los beneficios solidarios sean financiados con rentas generales, de manera de no hacer recaer este costo solo en los trabajadores formales introduciendo por esta vía incentivos adicionales ala informalidad laboral, fenómeno que en gran medida es responsable de las bajas pensiones que hoy día se pagan-, en la Comisión de Trabajo del Senado se han estado barajando fórmulas que buscan consensuar alguna solución intermedia que apunte a los mismos objetivos a través del uso de instrumentos alternativos, como sería el caso de un eventual préstamo de los afiliados a un fondo solidario (¿transitorio, y el uso de un mecanismo similar al seguro de invalidez y sobrevivencia para financiar el “bono tabla” en beneficio de las mujeres.
La discusión política que se ha generado durante este proceso ha provocado fisuras en ambas coaliciones, a raíz de discrepancias en temas que son centrales tanto en materia de principios como de aplicación práctica. Algunas de ellas podrían subsanarse si de verdad existe ánimo de acuerdo, y en la medida que se logren despejar dudas técnicas pendientes de resolver, como por ejemplo: ¿Cómo funcionaría el beneficio del “bono-tabla” en el marco del seguro de invalidez, en circunstancias de que no se trataría de una mutualización de riesgos ¿Cuál sería el costo fiscal futuro de no hacer nada ¿Es sustentable en el tiempo el fondo propuesto para financiar beneficios solidarios? ¿Cómo se implementaría y se contabilizaría en la práctica la emisión mensual de bonos asociados al préstamo para más de seis millones de cotizantes? El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de reconocida independencia, debería emitir una opinión sobre estos temas, y para eso el Gobierno debería solicitárselo formalmente.
Pero lo que ha quedado en duda esta semana es si el Gobierno efectivamente quiere un acuerdo, o está buscando la manera de desahuciarlo. Las declaraciones realizadas por el Presidente Boric el lunes pasado, tanto en la forma como en el fondo, equivalen a lo que coloquialmente se conoce como “patear el tablero”, alejando posiciones en vez de acercarlas. En este contexto, y más allá de posteriores rectificaciones formales, todo indica que la posibilidad de acuerdo no se ve fácil, pero tampoco están todos los antecedentes sobre la mesa para tomar esta decisión. La prudencia aconsejaría no tomar ninguna decisión precipitada.
