Por Roberto Ponce, director del Centro de Sustentabilidad Empresarial FEN UDD | El Sur de Concepción, jueves 29 de mayo

Pocas zonas en Chile tienen un rol tan estratégico como la Región del Biobío en la transición energética.

Desde su histórica capacidad hidroeléctrica hasta su creciente participación en energías renovables no convencionales, No sólo cuenta con un alto potencial solar, sino que también lidera en generación eólica y posee infraestructura portuaria clave para proyectos de hidrógeno verde y minerales críticos.

Según datos del Ministerio de Energía, al cierre del año 2024, la región generó el 74% de su energía a partir de fuentes renovables; de este total, la generación solar tuvo una participación destacada con un 23%.

Sin embargo, alcanzar este potencial se enfrenta con una realidad compleja: los extensos e inciertos procesos de evaluación ambiental. En la región, iniciativas como la central Rucalhue, aprobada en 2016, enfrentan una década de ajustes y conflictos. Este desfase entre planificación y ejecución genera incertidumbre para inversionistas, comunidades y autoridades, y amenaza con ralentizar el aporte del Biobío a los objetivos climáticos del país.

Pero el desafío no es solo regulatorio. Hoy, incluso los proyectos que cumplen con todas las exigencias técnicas y legales deben sortear un nuevo umbral: la necesidad de contar con licencia social para operar (SLO, por sus siglas en inglés). Este concepto —cada vez más determinante se refiere al nivel de apoyo, aceptación o rechazo que una comunidad otorga a un proyecto en función de su impacto percibido, la confianza en los actores involucrados y la equidad en la distribución de beneficios. La SLO no es un permiso formal, pero su ausencia puede detener o incluso cancelar una iniciativa, afectando seriamente su viabilidad.

Desde el Centro de Sostenibilidad Empresarial (BSC) de la Universidad del Desarrollo, hemos investigado la aceptabilidad social de proyectos de energías marinas en la zona centro-sur de Chile, incluyendo Biobío.

A través de estudios con base científica, identificamos los atributos que las comunidades valoran en este tipo de proyectos. Nuestros resultados confirman que la creación de empleos de calidad es una condición mínima para construir confianza. Sin embargo, también revelan que las comunidades otorgan mayor legitimidad a aquellos proyectos que generan beneficios tangibles y apropiables: infraestructura de uso comunitario, rebajas en la cuenta de luz, participación en la propiedad o gobernanza de la iniciativa. En resumen, la percepción de justicia distributiva — quién gana, cuánto y cómo—es clave para avanzar.

La Región del Biobío puede y debe ser protagonista de la transición energética. Pero para lograrlo, necesitamos un enfoque más integral: acortar los tiempos de evaluación sin sacrificar estándares ambientales y, sobre todo, incorporar de forma efectiva la voz de las comunidades en el diseño e implementación de los proyectos.

Desde el BSC, nos comprometemos a apoyar esta transición con evidencia diálogo y colaboración. Porque un futuro sostenible no sólo se construye con tecnología y capital, sino también con legitimidad y confianza.