CRISTIÁN LARROULET V.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD (CIES), U. DEL DESARROLLO
Diario El Sur
Jueves 20 de agosto, 2026

Los habitantes del Sur de Chile pagan desde hace años un impuesto que nadie aprobó en el Congreso, que no aparece en ninguna declaración tributaria y que, a diferencia de los verdaderos impuestos, no financia bienes públicos. Es el impuesto de la violencia. Lo pagan las familias, los trabajadores y las empresas mediante bienes destruidos o robados, inversiones que no se realizan, empleos que no se crean y oportunidades de desarrollo que se pierden.

La evidencia permite dimensionarlo. En un estudio que realizamos con Jean Paul Sepúlveda sobre el impacto económico de la violencia en La Araucanía, estimamos qué habría ocurrido con la región sin el incremento de violencia iniciado a fines de los años noventa. El resultado es preocupante: entre 1998 y 2020, el PIB por habitante fue, en promedio, alrededor de 22% inferior al que podría haber alcanzado. Es desarrollo perdido.

Hay otros costos. El robo organizado de madera llegó a representar cerca de US$ 100 millones anuales en la Macro-zona Sur. Los atentados contra la actividad forestal destruyeron o dañaron alrededor de 1.770 equipos y maquinarias entre 2014 y 2024, con pérdidas superiores a US$200 millones. La industria salmonera tampoco está ajena: SalmonChile estima que, incluyendo robos que no siempre son detectados, las pérdidas podrían acercarse a US$70 millones anuales.

Los incendios agregan otra dimensión. Sólo los grandes incendios de 2023 provocaron en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos pérdidas económicas, sociales y ambientales superiores a US$1.000 millones. No todos fueron provocados, naturalmente, pero en Biobío y La Araucanía una proporción muy elevada de los incendios investigados tiene origen intencional.

Todo ello inevitablemente termina afectando la inversión. Son muchos los factores que explican su debilidad, pero resulta difícil sostener que décadas de atentados, incendios, robos y destrucción de capital no hayan influido. Y sin inversión hay menos crecimiento y empleo. Hoy Biobío tiene una tasa de desempleo del 10,4%.

La paradoja es que pocas zonas de Chile poseen oportunidades de desarrollo tan importantes. El sur tiene una industria forestal de clase mundial; enormes posibilidades pesqueras y salmoneras, estas últimas con exportaciones superiores a US$6.500 millones y potencial para crecer sustancialmente; hidrógeno verde; agricultura, turismo y, ahora, la posibilidad de desarrollar tierras raras, minerales estratégicos para las nuevas tecnologías y la transición energética.

Por eso es especialmente relevante la agenda de seguridad recientemente presentada por el Gobierno. Entre sus iniciativas hay una que considero fundamental: establecer explícitamente en nuestra Constitución que es deber del Estado velar por la seguridad de la población. La seguridad no es solamente una cuestión policial. Es una condición necesaria para ejercernuestras libertades, invertir, trabajar y progresar.

Pero las leyes no bastan. El sur posee una valiosa tradición de capital social. Empresarios, trabajadores, universidades, municipios, organizaciones sociales y comunidades debemos contribuir a aislar la violencia y fortalecer una cultura de convivencia y cooperación.

El sur tiene los recursos, el capital humano y las oportunidades para crecer. Para aprovecharlos debemos terminar con este impuesto que empobrece sin recaudar: el impuesto de la violencia.