Por Cristián Larroulet.
Se está produciendo una oportunidad política para la oposición. Los dos errores mencionados están haciendo posible una nueva conexión con la ciudadanía.

La segunda equivocación tiene que ver con el objetivo central del nuevo gobierno: reducir la desigualdad.

Hoy, el porcentaje de los chilenos que dice que el país retrocede o está estancado alcanza el 69%. A comienzo del gobierno era de 36%.

ASI, al completar sus primeros seis meses de gobierno, la Nueva Mayoría, bajo la conducción presidencial de Michelle Bachelet, enfrenta dificultades no menores. Sus dos iniciativas de política pública más emblemáticas, reforma tributaria y reforma educacional, han sufrido un deterioro significativo en el respaldo ciudadano.

Es así como el 3 de abril, el apoyo ciudadano a la reforma tributaria fue de 52%, y cerca de cinco meses después éste había caído a 37%. En el caso de la reforma educacional el apoyo alcanzó a 60% en mayo y su medición al 12 de septiembre bajó a 39%, según cifras de las encuestas Plaza Pública, de Cadem.

Además, esas reformas han producido un impacto en las dos principales coaliciones políticas. En la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y los sectores «autocomplacientes» de la Concertación han realizado una crítica a las políticas públicas de ambas reformas, produciendo un deterioro en las relaciones internas de la coalición de gobierno.

Mientras tanto en la Alianza, después de haber sufrido una fuerte derrota electoral, son precisamente estas reformas las que la están revitalizando, ya que se han percatado de la oposición ciudadana que ellas producen. No sólo hay una diferencia ideológica, sino que principalmente los parlamentarios perciben la inquietud y la desaprobación que especialmente sectores de clase media tienen a ellas.

Esta columna pretende analizar las causas profundas de lo ocurrido. Por supuesto que hay incompetencias y errores comunicacionales sin embargo, mi convencimiento es que detrás de lo ocurrido hay dos problemas de fondo. Uno de diagnóstico sobre lo que desean los chilenos y el otro de políticas públicas adecuadas para cumplir el objetivo central del nuevo gobierno.

Error de diagnóstico ¿Qué es lo que quieren los chilenos? En la Nueva Mayoría se ha impuesto una visión de Chile que no corresponde a las aspiraciones más profundas de la mayoría nacional.

En efecto, la creencia de que en Chile hay un profundo malestar social y que ello está relacionado con «el modelo» de desarrollo es un error. Cabe recordar los informes del PNUD, que muestran a un porcentaje cercano al 80% que se declara feliz.

Los que sustentan la teoría del malestar se basan en las protestas estudiantiles que se inician en el primer gobierno de Bachelet y alcanzan su peak en el de Sebastián Piñera. A ese fenómeno político se le suma el aporte intelectual de los libros de Mayol, Atria, entre otros.

No es el lugar para discutir latamente las tesis de esos libros, que por lo demás han sido contradichos por otros, sino que mostrar que esta no es una sociedad penetrada por el malestar y que la demostración más clara de ello es la reacción ciudadana ocurrida en estos meses. En efecto, lo que caracteriza a nuestro país es lo propio de sociedades que han experimentado un fuerte aumento de sus oportunidades y que se han acostumbrado a un fuerte dinamismo social.

Hay que pensar que hemos transitado desde comienzos de la década del 90 desde un ingreso por habitante de US$ 5.000, a cerca de US$ 20.000, según cifras del FMI en estos días; de alrededor de 200.000 estudiantes en la educación superior, a más de un millón; de calles con 1.969.000 automóviles, a otras congestionadas por más de 4.100.000 vehículos. Con una penetración de redes sociales y acceso a interconexión enorme carac terizada por el hecho de que hace 13 años, según cifras de la Subtel 22% de los chilenos tenía acceso a uncelularyhoy sonl34%. Podríamos seguir, pero lo que está claro es que vivimos en otro país y que éste sí se caracteriza por aspirar a más y que es muy crítico a que se limite esa posibilidad por abusos o por equivocadas políticas públicas conducidas por los gobiernos. Pero eso en un contexto de una sociedad liberal, que señala que el progreso depende del esfuerzo personal. Así según 74% de los chilenos consideran que la felicidad depende de lo que uno mismo haga; que cerca de un 80% dice que el progreso personal depende del trabajo y de la educación; que no más de un 37% desea trabajar en el Estado, en donde la confianza en el gobierno alcanza a sólo 26% y en el Parlamento, a 12%.

Tampoco es mayoritaria la percepción ciudadana de que el Estado debe asegurar derechos sociales gratuitos para todos, como promueve Atria. En efecto, sólo 37% de los chilenos cree que el Estado no debe focalizar el gasto social y recientemente, la encuesta Plaza Pública, de Cadem, arroja que un 50% se manifiesta contrario a la gratuidad en educación superior.

El gran error de diagnóstico ha sido creer que los chilenos quieren simplemente más Estado y, por lo tanto, subir los impuestos y acabar con la educación particular. Liderazgos emergentes como Juan Pablo Swett entre los emprendedores y Erika Muñoz entre los padres de los Colegios Particulares Subvencionados, reflejan lo que ocurre y representan un sustrato profundo de nuestra sociedad.

No en vano ante la pregunta de la encuesta CEP ¿Ud. Preferiría una escuela o liceo municipal o un colegio particular subvencionado? el 70% de los ciudadanos dice que prefiere enviar a sus hijos a colegios particulares y que está dispuesto a pagar por ello. En suma, la Nueva Mayoría equivoca el diagnóstico y confunde la demanda por alivio de la carga financiera que produce el mayor acceso a la educación superior con un cambio ideológico profundo en el país. Los estudiantes que se movilizan no representan a la gran mayoría del estudiantado que no se moviliza, sino que a una izquierda radical en algunos casos pero que es un grupo de interés como muchos otros que demandan más aporte del Estado.

Error en políticas públicas La segunda equivocación tiene que ver con el objetivo central del nuevo gobierno: reducir la desigualdad.

El programa del actual gobierno señala que «la desigualdad es insostenible, no sólo desde un punto de vista económico y social, sino que también para una sana convivencia entre los chilenos y las chilenas y para asegurar la paz social que requerimos para crecer y desarrollarnos de forma inclusiva».

Sin embargo, ambos instrumentos, la reforma tributaria y la educacional, tal como han sido propuestas, no lograrán ese propósito.

En primer lugar, veamos lo que ocurre con la reforma tributaria.

Como ha señalado la mayoría de los especialistas, de los más diversos sectores políticos, la reforma tendrá un efecto negativo en el ahorro y la inversión. Estos factores son claves para el crecimiento de la economía. La autoridad reconoce ello, pero señala que será más que compensado por el impacto positivo que en el crecimiento tiene la inversión en educación y la mayor equidad que se logrará.

Hay diferencias en la magnitud de los impactos pero no en la dirección de ellos. Así, José de Gregorio señala que el impacto en crecimiento sería -0,04 a -0,03%, y Felipe Larraín concluye que fluctúa entre -0,2 y -0,9 %. El crecimiento tiene directa relación con la equidad, ya que la evidencia recogida para nuestro país en un famoso estudio de Osvaldo Larrañaga señala que el 70% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento.

El otro impacto de la alza de impuestos es en el empleo. Los estudios señalan que éste fluctúa entre -0,06 y -0,29, es decir, habrá menos oportunidades de empleo para alrededor de 100.000 personas en cuatro años.

Andrés Velasco y Cristóbal Hunneus en un libro publicado el 2011 confirman que el empleo es el instrumento principal para lograr una sociedad más equitativa. Ello no es extraño, ya que la correlación entre ingreso de los hogares y del trabajo en Chile es altísima.

Más aún, el retroceso en los índices de pobreza y desigualdad que registró la encuesta Casen durante el período 2006-2009, coincidió con el fuerte retroceso de la ocupación y el empleo, especialmente en los sectores más vulnerables. El número de ocupados en el primer decil de ingresos cayó fuertemente en dicho período (31,9%), mientras que en el décimo decil, el de mayores ingresos, varió levemente.

Igualmente, el desempleo subió fuertemente en el primer decil, de 26,6% a 39%, mientras que en el décimo la variación fue más bien marginal.

Pero además del impacto del alza de impuestos, el destino de los recursos recaudados por la reforma tributaria no van mayoritariamente a los sectores más necesitados. Por ejemplo, si se descompone el monto de recursos que irían a financiar la gratuidad en educación superior y el término del copago y el fin al lucro en escolar, se concluye que alrededor del 30 por ciento de los recursos van al quintil más rico y sólo 11,7 por ciento, al más pobre.

La otra es la reforma educacional; ¿colabora ella a la reducción de la desigualdad? Desgraciadamente las prioridades manifestadas en los proyectos de ley enviados y en los anunciados para el segundo semestre significan un retroceso. En efecto, la principal causa histórica de la falta de aporte de la educación chilena a la equidad fue la cobertura.

Chile sufrió por muchas décadas rezagos de cobertura. Sin embargo tanto a nivel escolar como terciario los avances en los últimos 50 años han sido importantes.

Ello no ha ocurrido en la preescolar donde, según las investigadoras María Paz Arzola y Rosita Camhi aún tenemos un déficit de cobertura de 55,9% y la cual es determinante para «emparejar la cancha». Toda la evidencia internacional y nacional muestra que si la meta es equidad, la mayoría de los recursos debe destinarse a cuidado y educación en la edad temprana. En la educación primaria y secundaria hoy en cambio, la prioridad es la calidad.

Ello quedó claramente reflejado en la última prueba Simce, en la cual se observa que la brecha de resultados entre los alumnos del nivel socioeconómico bajo y alto prácticamente se duplica entre 2a básico y II medio.

Y por ello, el acuerdo educacional del 2007 apuntaba justamente a establecer un nuevo marco regulatorio, que asegurase el derecho a una educación de calidad para todos, lo que fue sucesivamente implementado y fortalecido por sucesivas leyes en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Pero de los alrededor de US$ 5.000 millones de la mayor recaudación tributaria que van a educación, según lo anunciado por el go bierno, una ínfima parte irla a educación preescolar y el resto, a cambios en la escolar que no se focalizan en calidad, y a superior que significan un grave retroceso en equidad, porque gran parte de los recursos van destinados a los grupos de mayores ingresos.

En efecto, la gratuidad en educación superior tiene un costo en régimen, según la Dipres, de US$ 2.500 millones; el fin al copago uno de US$ 950 millones; la compra de infraestructura escolar, un mínimo de US$ 424 millones en el caso máximo, y la desmunicipalización otros US$ 400 millones, todo lo cual suma USS 4.274 millones.

Por lo tanto, alrededor del 80% de los recursos de la reforma tributaria destinados a educación, no están relacionados con cobertura ni calidad, sino que con cambios en la estructura de propiedad en la edu-‘ cación escolar, menos establecimientos privados, y más centralización en la educación estatal. Y en hacer gratuita a la educación superior, lo que resulta incomprensible desde la perspectiva de una sociedad más justa, ya que es ella la que posibilita a sus graduados obtener un ingreso alrededor de tres veces superior al de una persona que sólo termina la educación media.

En suma, el país no avanza en el objetivo principal del gobierno de la Presidenta Bachelet de alcanzar mayor equidad con las reformas tributaria y educacional ya propuestas.

Más bien retrocede. Ello, porque los instrumentos para recaudar dañan el empleo, factor principal para una sociedad con mejor distribución del ingreso. Además, el destino de esos recursos no es la educación que da más igualdad de oportunidades, sino que aquella que reproduce las mayores diferencias como es la universitaria.

Podemos concluir que los errores analizados están produciendo una sistemática, pero aún desafección política. El respaldo a la Presidenta, según Cadem, ha bajado (44%) así como la percepción del progreso ha decaído. Hoy, el porcentaje de los chilenos que dice que el país retrocede o está estancado alcanza a 69%. A comienzos del gobierno era de 36%. Sin duda, se está produciendo una oportunidad política para la actual oposición. Los dos errores mencionados están haciendo posible una nueva conexión con la ciudadanía, la cual debe tener mayor impacto gracias al voto voluntario. Cabe recordar que éste premia a los políticos cercanos a la gente y que plantean con claridad y fuerza sus ideas.

Un agudo actor y observador político como es Camilo Escalona confirma este análisis, al señalar: «Las tareas que tenemos como nación para combatir la desigualdad conforman una agenda prácticamente inabarcable, por eso pienso que las personas que tienen una mirada voluntarista, en el sentido de que todas las cosas se pueden hacer de una vez y prácticamente realizadas en un solo acto, están sembrando una expectativa que no se va a poder cumplir y, por lo tanto, están creando las condiciones para una derrota política y cultural que no me parece válida».© Sus dos iniciativas de política pública emblemáticas -reformas tributaria y a la educación- han sufrido deterioro en el respaldo ciudadano.

En la Nueva Mayoría se ha impuesto una visión de Chile 1 que no corresponde a las aspiraciones más profundas de la mayoría nacional.

El gran error de diagnóstico ha sido creer que los chilenos quieren más Estado y, por lo tanto, subir los impuestos y acabar con la educación particular.

Cristián Larroulet
Ex ministro Segpres y académico UDD