Por Cristián Larroulet:
Este mes se celebran los 800 años de la “Carta Magna” en virtud de la cual los barones y clérigos ingleses obligaron al rey Juan a limitar su poder. Este documento es considerado por Acemoglu y Robinson, en su libro Por qué fracasan los países como el factor institucional clave que explica en gran parte el posterior desarrollo de Inglaterra y de los países occidentales. Según estos autores la Carta Magna contenía el germen de lo que hoy conocemos como institución económica inclusiva, esto es, aquella que impide que “una persona de negocios tema que su producción sea robada, expropiada o absorbida totalmente por los impuestos”.
Tal como la Carta Magna, las Constituciones que han garantizado el derecho de propiedad y fijado límites fiscales y monetarios claros, junto con amparar la economía de mercado han favorecido el progreso de sus países. Así lo reconoció el miembro del Parlamento Europeo, Daniel Hannan, al afirmar que la democracia y el progreso “no son el resultado particular de la geografía o de los genes, sino que de nuestros arreglos constitucionales”. Y nuestro país es otro ejemplo de ello, pues el crecimiento y el progreso social alcanzados bajo la actual Carta Fundamental no tienen parangón en la historia de Chile. Más aun comparándola durante su plena vigencia con lo ocurrido bajo la Constitución de 1925, nuestro actual texto tiene un récord muy sólido.
En materia de crecimiento económico logramos un promedio de 5,1% frente al 3,5% correspondiente al período 1925-1973. La inflación anual que bajo la Constitución del 25, era cercana al 23,4% se redujo drásticamente en los últimos años a un 5.8%. Asimismo, el ingreso fiscal creció desde el 14,9% hasta un 21,3% del PIB. Es decir, gracias a esta Constitución el país progresó y pudo dar mayor protección social a sus ciudadanos. Esto no es solo la realidad de Chile. Lo es también a nivel internacional. Así por ejemplo, países con Constituciones con mecanismos institucionales que promueven acuerdos amplios, reducen los déficits fiscales en alrededor de 2% del PIB. Algo similar ocurre con las Constituciones que consagran regímenes presidenciales como el nuestro. Esta evidencia es muy relevante ya que debemos recordar que en el pasado nuestra persistente y alta inflación se debió a los graves desequilibrios fiscales. Fue justamente bajo la Constitución del 25 cuando Chile batió el triste récord mundial de hiperinflación en 1973.
Al aproximamos a un debate constitucional, no podemos olvidar estas lecciones de nuestra historia y debemos apreciar el aporte sustancial de nuestra Constitución a la transformación de Chile en el líder de Latinoamérica en materia de progreso económico y justicia social.
