Por Cristián Larroulet:
Se iniciará en los próximos días el debate legislativo del Proyecto de Ley de Educación Superior. Comparto el deseo planteado en su columna por Agustín Squella de que este sea «racional, crítico, paciente y constructivo». La verdad es que hasta el momento, muy poco de ello ha ocurrido. Tenemos 20 universidades tomadas, y por supuesto eso no contribuye a una reflexión profunda sobre el aporte universitario a los objetivos democráticos, de progreso e igualdad de oportunidades que nuestra sociedad posee. Los epítetos y calificaciones de intenciones del debate público realizado hasta el momento tampoco han contribuido, en su gran mayoría, a la racionalidad y la prudencia en un tema de la relevancia como el que comento.
¿Cómo debemos formar a los profesionales para enfrentar una sociedad global que vive la revolución del conocimiento más profunda en la historia de la humanidad? ¿Qué estamos haciendo para mejorar las capacidades de nuestros profesionales que, según el informe PIAAC, equivalen a las de los egresados de educación media de la OCDE?
¿Estamos aportando con nuestra investigación a los desafíos de un mundo del trabajo en el cual casi la mitad de los oficios actuales quedarán obsoletos en las próximas dos décadas? ¿Por qué si la investigación científica en campos variados, como la psicología, educación, neurociencias, economía y otros, señala que la prioridad para mejorar la equidad en la sociedad es la educación preescolar, estamos postergándola en favor de quienes serán parte del 20% de mayores ingresos? ¿No deberíamos enfatizar la enseñanza y la investigación en humanidades, dada la necesidad de priorizar lo no cognitivo en un mundo de cambio vertiginoso? ¿Acaso no es este el momento para lograr un acuerdo que permita que en el plazo máximo de esta década elevemos los recursos de investigación en ciencia y tecnología a un mínimo de 1% del PIB?
Desafortunadamente, estos temas están ausentes tanto en el diagnóstico y propuesta del Gobierno, como en el intenso debate de las últimas semanas, el cual se ha limitado a una discusión en torno a si el sector estatal o privado debe recibir más o menos recursos. Lo correcto es preguntarse cuál es el aporte a la creación de bienes públicos y a las externalidades de cada universidad, sin importar su origen, y financiar los proyectos en función de su calidad.
Por ejemplo, hoy el 60% de las investigaciones publicadas en revistas WOS son escritas por académicos chilenos que trabajan en universidades privadas. Y no obstante su juventud, las privadas no CRUCh aportan con un tercio de esas publicaciones. En materia de inclusión, no se puede olvidar que las universidades privadas no CRUCh educan al 46,5% de los egresados de la educación municipal. ¿Vamos, por un debate ideológico, a desconocer esas realidades? Por ello, el Congreso debe ser el lugar de la tregua, la reflexión, el mejoramiento del diagnóstico. Debe ser también el lugar del estudio de las tendencias internacionales, de las prácticas y de las instituciones de los mejores sistemas de educación superior del mundo. El lugar para recoger y potenciar lo que hemos logrado construir en las últimas décadas. Queda mucho por avanzar, pero lo prioritario es construir con serenidad y rigor sobre lo bueno ya alcanzado.
