Por Cristián Larroulet:

El Programa de la Presidenta Bachelet contemplaba converger gradualmente a un balance estructural de 0% del PIB en 2018. En octubre de 2015, el ministro Valdés reconoció que no se cumpliría este compromiso de campaña por lo que se fijó una nueva meta fiscal: “reducir el déficit estructural en aproximadamente un cuarto de punto porcentual del PIB cada año”. Sin embargo, las presiones de grupos sociales y ahora de la Nueva Mayoría por un mayor gasto en el Presupuesto podrían hacer fracasar este propósito.

Salvo la decisión firme de la Presidenta Bachelet de cumplir la meta fiscal, Chile podría retroceder, por primera vez en 25 años, en las clasificaciones de riesgo internacional perdiendo su liderazgo en América Latina y debiendo enfrentar mayores tasas de interés, lo que sería un golpe fatal para el crecimiento y la inversión.

Cumplir con la meta del déficit estructural en el año 2017, significa que el gasto comprometido por el gobierno para el próximo año no debería crecer más que 3%. Desgraciadamente, como lo dijimos antes, las presiones ya no solo provienen de los tradicionales grupos de interés ya que ahora  se suman los partidos políticos de la Nueva Mayoría. En efecto, el Partido Comunista solicitó al ministro de Hacienda hacer uso nada menos que de los fondos soberanos para engrosar el Presupuesto 2017. Asimismo, el Partido Socialista planteó recientemente que la austeridad en el Presupuesto 2017 perjudicará los resultados en las próximas elecciones de los partidos oficialistas.

Al respecto, resulta inaceptable que se antepongan irresponsablemente intereses partidistas de corto plazo al bien común. Aumentar el gasto fiscal significaría simplemente “pan para hoy y hambre para mañana” ya que podrían satisfacerse algunas necesidades por un tiempo pero perjudicando seriamente las oportunidades de desarrollo futuro de las mismas personas que recibieron un beneficio efímero.