Por Hernán Cheyre:

La discusión relativa al destino que debería darse al aumento en la cotización previsional propuesta por la Presidenta requiere abordar el tema de la solidaridad con una mirada amplia, sin anteojeras ideológicas. Lo que está detrás de la propuesta de destinar su recaudación a un fondo solidario es a fin de cuentas la creación de un nuevo sistema de reparto financiado con un impuesto al trabajo. Distinta sería la situación si la mayor cotización obligatoria tuviera como destino final la cuenta individual del cotizante, por cuanto en este caso, aunque se trate de un ahorro adicional “forzoso”, tendría la virtud de relacionar en forma directa el mayor esfuerzo realizado mientras se trabaja con una mejor pensión en el futuro. Ello no ocurre bajo la lógica de un sistema de reparto, donde las personas aportan a un fondo común, pero donde lo que se recibe a cambio no necesariamente tiene relación con el esfuerzo realizado. Si lo que se busca es solidaridad previsional, la mejor forma de lograrlo no es por medio de un impuesto al trabajo, sino a través de recursos provenientes del sistema tributario: más inclusivo, más progresivo y menos desfavorable para emprendedores y pymes.

El argumento de buscar solidaridad a través del pago de mayores cotizaciones que van a un fondo común es un mito y una caricatura. El mejor ejemplo práctico de esto con raíces históricas lo constituye el antiguo Servicio de Seguro Social en Chile, en el cual cotizaban dos tercios de los trabajadores dependientes del país: quienes no lograban completar 15 años de cotizaciones -50% del total, aproximadamente- no tenían derecho a pensión alguna, y por tanto no recuperaban NADA de lo que habían aportado durante su vida laboral activa. Es decir, la mayoría de los antiguos cotizantes chilenos pagó un impuesto que terminó beneficiando a otros. Y el mejor ejemplo de reciente data lo constituye el “jubilazo” obtenido por los pensionados civiles de Gendarmería, quienes en virtud de las presiones ejercidas lograron un tratamiento excepcional. Puede hablarse de que ese era/es un sistema justo? Por supuesto que no. ¿Queremos volver/seguir en lo mismo? Supongo que tampoco.

Hoy día ya nadie discute la necesidad de ampliar la cobertura y de aumentar el monto del pilar solidario. Se trata de una medida fundamental y muy necesaria para paliar la situación de quienes, por razones de precariedad o informalidad laboral, han estado fuera del sistema previsional o no han logrado acumular en sus cuentas individuales un monto de ahorro suficiente para financiar una pensión que guarde una proporción razonable con la remuneración recibida en la etapa laboral activa. Ante esta realidad, lo más eficiente y lo más justo es que esto se haga con cargo al presupuesto general de la nación, y no montando un subsistema de reparto, que, a la larga, no va a ser sustentable desde un punto de vista financiero. La ventaja de financiar la ampliación del pilar solidario con cargo a las rentas generales del fisco es que éstas surgen de una estructura tributaria progresiva, que asegura que quienes más ganan van a contribuir con una proporción mayor que los que gana menos. Financiar el mayor gasto asociado a esta iniciativa la mayor cotización de cargo de los empleadores que se va a proponer es inconveniente por tres razones. Primero, porque hace recaer únicamente en los trabajadores el costo de generar un sistema más solidario, en circunstancias de que si los recursos requeridos se extrajeran de la recaudación tributaria se lograría que paguen no solo los trabajadores, sino que también los dueños del capital, a través del impuesto a las utilidades de las empresas que pagan, y los que tributan en el global complementario de fuentes distintas al trabajo. Segundo, porque la existencia de un tope imponible para efectos de calcular las cotizaciones se traducirá en que quienes reciben ingresos que exceden ese límite, a fin de cuentas terminarán pagando proporcionalmente menos que quienes están por debajo de ese tope máximo, lo cual lo convierte en un esquema regresivo. Por el contrario, si los recursos se obtuvieran desde el sistema tributario, quedaría asegurada la solidaridad previsional que se busca, ya que los fondos se obtendrían a partir de una estructura tributaria progresiva, es decir, construida de tal forma de que los ganan más pagan una proporción mayor de sus ingresos. Tercero, porque el impuesto a la contratación que está detrás de las cotizaciones destinadas a este propósito a la larga se va a traducir en una mezcla entre una menor remuneración para los trabajadores, y en una mayor carga para las empresas, siendo las pymes y los emprendedores los que se verán mayormente afectados. El mayor costo laboral se va a traducir en una menor contratación de trabajadores, y va a incentivar la informalidad tanto laboral como empresarial, originándose así empleos y emprendimientos más precarios.