El Mercurio – Innovación / Jueves 18 de julio

Pablo Muñoz, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Liverpool, Reino Unido

“La industria social está creciendo, pero su capacidad de medir impacto es muy limitada”

El también profesor visitante de la UDD asegura que para alcanzar los objetivos de eficiencia, un Bono de Impacto Social en Chile debiera ser de al menos US$ 1 millón, lo que implica un costo de diseño estimado de US$ 300 mil.

Los Bonos de Impacto Social (BIS) están capturando la atención de los líderes políticos del mundo. Y en Chile también. ¿Por qué? Básicamente porque son una solución financiera innovadora que permite resolver problemas sociales en el contexto del sector público. Pero también porque son un buen mecanismo para estimular el mercado de la inversión social, al tratarse de una herramienta colaborativa que reúne actores claves (Estado y empresas) con un fin común.

En Chile, la discusión empezó a tomar forma el año pasado, luego del compromiso del Gobierno para facilitar los BIS, señala Pablo Muñoz, académico y director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Liverpool, quien junto con Jonathan Kimmitt, profesor de Emprendimiento de la Universidad de Newcastle, realizaron un estudio donde se analizan las implicancias de las políticas públicas ligadas al diseño e implementación de estos instrumentos, conocidos también como Contratos de Impacto Social (CIS), en el país. En la publicación “¿Cuál es el potencial de los Bonos de Impacto Social en Chile? Exploración de nuevas oportunidades para la industria social” —que contó con el financiamiento del Consejo de Investigación Económica y Social de Reino Unido— se plantea que si bien este instrumento presenta ventajas, en los países emergentes existen varios desafíos que deben resolverse antes de su puesta marcha.

En el caso de Chile, explica Muñoz, está el hecho de que las áreas sociales prioritarias no están claras y que para poder poner en funcionamiento este tipo de bono es clave primero identificar y jerarquizar las problemáticas sociales y grupos objetivo. Y agrega que aunque existe en el país la intención de alinearlos con los 16 puntos del mapa de vulnerabilidad, eso “no es suficiente”, sobre todo porque los problemas sociales son muy complejos de definir y priorizar, dependiendo además, en este caso, de una forma diferente de colaboración público-privada.

“Los BIS son una herramienta de inversión social nueva para el contexto chileno, que tienen como base la idea de pago sobre resultados y cambio social. Esto desafía la lógica de provisión de servicios sociales y relación entre Estado y empresas sociales”, afirma el también profesor visitante de la UDD, quien añade que “en los contextos donde se han implementado, los BIS tienden a hacer sentido a nivel de política pública macro, pero generan conflictos cuando el instrumento se operacionaliza en contratos y baja a los prestadores de servicio y beneficiarios”, pudiendo afectar la colaboración público-privada, que es la base del éxito de un BIS.

Esto, por cuanto representan un tipo de contrato “basado en resultados”, en el que la inversión en una empresa social está vinculada a si esta puede o no cumplir las metas predeterminadas. Es decir, vincula los pagos con los resultados y, por tanto, transfiere el riesgo de los gobiernos a los inversores privados, alineando el impacto social con la rentabilidad financiera.

Los costos de implementación

Otro aspecto relevante tiene que ver con los costos y tiempo que conlleva la implementación de los contratos, pues varían según el tamaño de este, los actores involucrados, la complejidad regulatoria y la alineación problema-solución social.

“Siempre es posible diseñar e implementar un BIS, el problema es el costo de hacerlo, y no es difícil que este supere el beneficio de eficiencia asociado al pago por resultado”, precisa Muñoz.

En ese contexto, estima que el diseño de un BIS pequeño, considerando una intervención de US$ 500 mil a 1-2 años, puede costar US$ 200 mil. Sin embargo, sostiene que para alcanzar los objetivos de eficiencia, un BIS en Chile debiera ser de al menos US$ 1 millón, lo que implica un costo de diseño estimado de US$ 300 mil. A esto, advierte Muñoz, se suma el tiempo de diseño, pues en promedio debiera durar al menos dos años (etapa de preparación), pensando en intervenciones de 3-5 años, con montos sobre US$ 1 millón.

“En Chile, la industria social está creciendo, pero la evidencia indica que su capacidad de medir impactos sociales es bastante limitada. En este caso, la implementación de un BIS va a requerir desarrollar capacidades que en la actualidad no están disponibles, esto es: tiempo y recursos”.