Hernán Cheyre
Director Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES)
12 de noviembre 2020
Diario Financiero
La última versión de la encuesta sobre expectativas económicas que realiza el Banco Central muestra que para octubre se espera, luego de siete meses consecutivos de variación negativa como consecuencia de la pandemia del Covid-19, un aumento en el Imacec de +0,5%. En lo simbólico, esta cifra ciertamente tiene una connotación positiva, pero no se debe olvidar que en ese mismo mes del año pasado, influido por los desórdenes que se desataron a partir del 18-O, el Imacec experimentó una caída de 3,4%, que en el mes de noviembre aumentó a -4%.
Así, una economía que apuntaba a cerrar 2019 con un crecimiento del PIB en el rango de 2% a 2,5%, terminó creciendo menos de la mitad (1,1%). Y levantando la mirada hacia lo que viene, la misma encuesta muestra que las expectativas para el año en materia de crecimiento se han mantenido en -5,5%, con un aumento en 2021 y 2022 de 4,5% y 3%, respectivamente. De darse este escenario, lo que tendríamos hacia fines de 2022 es un nivel de PIB no muy distinto de aquel que se hubiera registrado en 2019 si no se hubieran producido los eventos de violencia del último trimestre. Es decir, lo que veremos será que como consecuencia de todo lo acontecido, habremos retrocedido aproximadamente tres años en materia de producción nacional, lo que en términos per cápita da cuenta de una caída superior a 4%.
¿Y qué vendrá después? De seguir las cosas tal como se proyectan para el mediano plazo, con estimaciones para el crecimiento del PIB tendencial en torno a 2%, ello significa un virtual estancamiento de la producción en términos per cápita. Esto está muy lejos de lo que el país necesita para crear más y mejores empleos, así como para generar los recursos fiscales que se requieren para poder atender necesidades derivadas de los múltiples problemas pendientes de solución. El desafío fundamental que enfrentamos consiste en vencer esta inercia y lograr no solo una reactivación en el corto plazo, sino que también retomar la senda de crecimiento que se perdió.
Fácil predicarlo y difícil concretarlo, pero perfectamente posible de lograrse, en la medida que vuelvan a prevalecer condiciones favorables para desplegar con mayor fuerza la actividad emprendedora a lo largo y ancho del país. No cabe duda de que falta mucho por hacer para mejorar la productividad de la economía y para que la innovación adquiera mayor relevancia.
Ciertamente hay políticas públicas que requieren mejoramientos, pero a estas alturas resulta bastante obvio que la discusión constitucional que se avecina está colocando un velo de incertidumbre que induce a postergar decisiones de inversión. Esto es normal ante procesos de este tipo, y por tanto hay que pagar un costo que es inevitable. Los emprendedores están acostumbrados a desenvolverse en ambientes de riesgo y a asumir desafíos. Ese no es el problema.
Lo importante sería lograr acotar la incertidumbre existente -que es distinta del riesgo, en el cual se pueden calcular probabilidades de ocurrencia- despejando al menos algunos temas fundamentales. Y es por ello que cabe insistir en la conveniencia de que, antes de la elección de constituyentes de abril próximo, un grupo representativo del más amplio arco político posible pudiera intentar rayar la cancha con ciertos mínimos comunes que se comprometan a defender durante la discusión. Aunque la credibilidad de algo así está por los suelos en estos días, bien valdría la pena intentarlo.
Lo que tendríamos hacia fines de 2022 es un nivel de PIB no muy distinto de aquel que se hubiera registrado en 2019 sin la violencia del último trimestre. Un retroceso de tres años en materia de producción nacional”.
