Hernán Cheyre
Director CIES
Diario Financiero
12 de marzo
Apesar de que los anuncios del Gobierno en materia de pensiones permitieron colocar nuevamente la pelota en juego, el ambiente político hace difícil presagiar un resultado favorable en esta etapa. Se acusa al Ejecutivo de una actitud intransigente, en circunstancias de que ha sido quien más ha cedido durante el proceso. Cabe recordar que el proyecto inicial contemplaba, además de un mejoramiento en el pilar solidario, un aumento de 4 puntos en la tasa de cotización, a destinarse en su totalidad a las cuentas de capitalización individual. Durante su tramitación en la Cámara, el Gobierno estuvo dispuesto en aumentar la tasa de cotización en 6 puntos, de los cuales 3 puntos irían a una cuenta individual -pero administrada no por las AFP, sino que por un nuevo ente público que se crearía-, y los otros 3 puntos serían destinados a un fondo de ahorro colectivo solidario. La oposición en el Senado desde el comienzo manifestó su disconformidad con lo aprobado en la instancia anterior, insistiendo en que los 6 puntos de cotización adicional deberían destinarse al fondo colectivo de ahorro solidario. Esta es una clara señal de que lo que se está buscando, más que una fórmula para mejorar las pensiones, es empezar a desmantelar el actual sistema de capitalización individual administrado por las AFP.
Los recientes anuncios del Gobierno, que en lo básico mantienen lo ya aprobado en la Cámara, incluyeron como novedad una significativa ampliación del pilar solidario tanto en cobertura como en beneficios. El principal mensaje que se está entregando es que es posible ampliar la solidaridad a través de un mecanismo de financiamiento más justo y menos distorsionador, como lo son los impuestos generales. Más justo, porque el financiamiento recae no solamente en los trabajadores formales, como ocurre cuando se aplica una cotización adicional que no va a las cuentas individuales, sino que permite incluir también a quienes reciben rentas del capital. Más eficiente, porque no desincentiva el empleo formal, lo cual ocurre cuando la carga que se impone a trabajadores y empleadores contiene un componente de impuesto que actúa como factor que incentiva a operar en la informalidad, la cual ya es elevada en Chile (en torno a 30%). Destinar los 6 puntos porcentuales de cotización a un fondo que opera bajo la lógica de un sistema de reparto, aunque tenga elementos de capitalización colectiva, en la práctica es percibido como un impuesto, ya que las personas no tienen ningún derecho de propiedad sobre esos fondos.
Lo negativo del anuncio presidencial -si bien se entiende como parte de la negociación política- es la mantención del 3% de cotización extra para financiar el compomente solidario del pilar contributivo. A los problemas ya expuestos habría que agregar los problemas de financiamiento en el largo plazo que esto tiene. Se ha señalado que la modelación realizada permite tener tranquilidad para un horizonte de 100 años. Pero para ello se requiere de un “préstamo” inicial del Fisco de US$ 800 millones (inicialmente iba a ser de US$ 650 millones), y obtener una tasa de rentabilidad anual de 2,7% (inicialmente se había estimado un 2%), supuesto que en caso de no darse obligaría a recortar beneficios o a un aporte fiscal adicional.
Por último, cabe agregar que el pilar contributivo ha quedado seriamente resentido luego de haberse retirado US$ 35 mil millones de los fondos de ahorro previsional, estimándose que, en términos de menores pensiones, esto equivale a haber reducido la tasa de cotización en 4 puntos. Urge revertir esta situación, lo cual requiría que los 6 puntos sean destinados a capitalización individual.
“Lo negativo del anuncio presidencial -si bien se entiende como parte de la negociación política- es la mantención del 3% de cotización extra para financiar el compomente solidario del pilar contributivo”.
