Por Hernán Cheyre, CIES UDD | El Mercurio | Martes 12 de julio, 2022

En el marco de lo que dispone la nueva institucionalidad, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) entregó hace pocas semanas al Presidente de la República la primera Estrategia Nacional de CTCI. Se trata de un esfuerzo valioso realizado por los 16 integrantes de este organismo asesor, que con una mirada estratégica apunta a situar la CTCI como “pilar fundamental de la sociedad, para impulsar la creación de valor en un sentido amplio”.

La entrega de lineamientos generales en esta materia con una mirada de mediano y largo plazo elaborada por un grupo transversal, constituye un muy buen primer paso.

Destaca en el informe la inclusión de cinco “catalizadores” para acelerar el proceso: 1) insertar la CTCI como parte de un “relato-país” que le haga sentido a la ciudadanía; 2) presentarla como algo que está al servicio de los “desafíos-país” y de las necesidades de los chilenos; 3) visualizarla como un aportante crítico para conseguir la sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad; 4) enfatizar la importancia de la complementación público-privada para potenciar el impacto de la CTCI, proceso que debe entenderse desde la generación del conocimiento básico hasta su transformación en desarrollos tecnológicos que finalmente se traduzcan en procesos o productos que mejoren la calidad de vida de las personas; y 5) generar un vínculo entre la educación y la CTCI como pilar fundamental para el desarrollo del país.

La pregunta natural que surge luego de conocer estos lineamientos estratégicos es cómo avanzar a partir de ellos. No es tarea del Consejo de CTCI hacer propuestas concretas, las cuales deben provenir de los gobiernos que están en funciones.

En lo que respecta a la actual administración, en el discurso hay plena sintonía con el mensaje que se transmite en la Estrategia, pero el verdadero desafío va a radicar en la implementación de un programa que apunte a estos objetivos.

Hay dos factores importantes de tener en cuenta al momento de discurrir acerca de fórmulas específicas. El primero se refiere al tema de los recursos disponibles para ello. Hay bastante consenso en cuanto a que el 0,36% del PIB que se destina al área de I+D es bajo, pero la solución está lejos de limitarse a aumentar esta proporción.

El Gobierno se ha propuesto como meta subir esta cifra a un 1% del PIB hacia fines de su período, lo cual es una aspiración legítima, pero se debe buscar la manera de lograr incentivar para que sea el sector no gubernamental el que lidere este proceso, y no centrar los esfuerzos en un mayor gasto público con esta orientación.

Y para esto va a ser fundamental crear mayores espacios de interacción entre el mundo del conocimiento y el sector productivo, sin intentar dirigir todo el proceso “desde arriba”, y ampliando también el concepto de lo “público” desde la visión restringida que lo circunscribe a lo puramente estatal, hacia una mirada más amplia que incluya los aportes que realizan los centros de investigación y las universidades privadas.

Esto es tarea de todos.