Por Cristián Larroulet, académico FEN UDD y John Henríquez, académico Facultad de Gobierno UDD.
El Mercurio
Miércoles 25 de octubre

El siglo pasado “Chile fue un caso de desarrollo frustrado” (Pinto, 1959). Esa realidad, afortunadamente, comenzó a variar hace alrededor de 30 años, gracias a la implementación de la economía social de mercado y a un Estado que priorizó la superación de la pobreza.

El resultado está a la vista: pasamos de ser un país mediocre en Latinoamérica en materia económica y social a ser el líder en los principales indicadores de progreso. Una realidad, ampliamente reconocida, que fue fruto de la implementación de políticas públicas adecuadas y del continuo fortalecimiento de nuestras instituciones.

Desgraciadamente, en la última década, ese progreso se detuvo. Algunos pensaron, erróneamente, como la mayoría de la pasada Convención Constitucional, que los problemas institucionales se resolvían con una propuesta radical de nueva Constitución que impactaba en instituciones indispensables para el desarrollo.

Así, se propuso una Carta Fundamental que dañaba los incentivos para emprender: debilitaba el derecho de propiedad, propiciaba la conflictividad laboral, afectaba la disciplina fiscal y monetaria, debilitaba el Estado de Derecho y dañaba la capacidad del Estado de proveer bienes públicos.

Además, no abordaba adecuadamente problemas institucionales cruciales para el bienestar del país: el funcionamiento de nuestro sistema político y el deterioro del Estado en su función fundamental de garantizar seguridad y orden para el progreso (North D., 1982).
Así, la sabiduría de los chilenos volvió a mostrarse el 4 de septiembre de 2022, cuando el 62% de la ciudadanía rechazó esa propuesta.
¿Cuál fue una de las razones principales? “Iba a afectar la economía” (CEP, 2022).

Analizando integralmente los principales contenidos de la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre, es posible afirmar que las instituciones fundamentales para el progreso como el derecho de propiedad y la disciplina monetaria se conservan, la responsabilidad fiscal está sustancialmente mejor —acogiéndose observaciones del Consejo Fiscal—; la eficiencia del Estado lo mismo, debido a la creación de nuevas instituciones, como el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, y al perfeccionamiento de las normas que rigen el proceso presupuestario.

Además, se moderniza el empleo público, reduciendo el cuoteo político y premiando la excelencia, incluyendo a la institucionalidad de Alta Dirección Pública.
Finalmente, cabe relevar los esfuerzos para resolver la crisis de nuestro sistema político: se mantiene el interés en establecer mecanismos que faciliten los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso y la incorporación de herramientas para combatir la fragmentación, como lo es el establecimiento de un umbral de un 5% para que los partidos puedan acceder a la Cámara de Diputados.

A lo anterior, hay que agregar el fortalecimiento de una sociedad civil empoderada, requisito para combinar democracia y desarrollo (Acemoglu, 2019).
Una revisión profunda, en definitiva, nos lleva a concluir que la Carta Fundamental propuesta por el Consejo Constitucional permitiría que el país tenga un orden público económico sustantivamente mejor que el vigente.

Ello, más el daño que la incertidumbre de continuar debatiendo una nueva Constitución acarrea, nos hace favorecer con fuerza la opción A favor en el próximo plebiscito constitucional.