Klaus Schmidt-Hebbel
Profesor e investigador CIES UDD
El Mercurio «De Puño y Letra»
30 de abril 2024

El Gobierno no encontró apoyo político en el Congreso para su proyecto de reforma de pensiones en 2022. Volvió en diciembre de 2023, presentando indicaciones que modifican en muy poco el proyecto inicial. Así, el proyecto en discusión actual en el Congreso se basa en tres pilares centrales.

Primero, propone un aumento en 6,0% de la tasa de cotización, dividido en 3,0% destinado a un sistema estatal de reparto, y un 2,1% directo más un 0,9% ajustado (redistributivo) a capitalización individual. El reparto estatal solo financiará pensiones complementarias de los jubilados más pobres.

Segundo, elimina las AFP y estatiza casi todas sus 20 funciones. Separa la administración de cuentas de la gestión de inversión de activos. Dos entes estatales (uno para el reparto, otro para la capitalización) administrarán las cuentas respectivas. La gestión financiera de los fondos de reparto estará a cargo del ente estatal. La gestión financiera de las cuentas individuales será licitada entre inversores privados y un nuevo ente estatal, que probablemente gane las licitaciones porque lo subsidia el Estado. Así el Estado controlará, gradualmente, la mayor parte de los ahorros previsionales de los chilenos.

Tercero, universaliza la Pensión Garantizada Universal (PGU) al 100% de la población y aumenta su valor a $250.000.

¿Las consecuencias previsibles? Destinar 3% del 6% adicional a reparto estatal, en comparación con destinar el 6% completo a capitalización en cuentas individuales, causa mayor informalidad laboral; menores salarios y pensiones, y menor ahorro, inversión y crecimiento (Banco Central, 2017).

Estatizar una industria financiera eficiente destruye valor y lleva a más control estatal. La PGU propuesta es populista, ineficiente, injusta y muy cara.

El Gobierno estima el costo fiscal anual de largo plazo de la reforma en 2,1% del PIB. Un estudio independiente estima que será 120% superior a lo postulado por el Gobierno (Vinson Consulting 2024). Todo lo anterior elevará los pasivos previsionales del Estado y los déficits públicos futuros.

Basado en un diagnóstico técnico erróneo y una ideología estatista, el proyecto contradice las reformas previsionales actuales en el mundo. Además se contrapone a las preferencias de una gran mayoría. Entre 71% y 91% de los chilenos prefiere que las contribuciones vayan a sus cuentas individuales, que sus ahorros sean heredables y que los subsidios estatales sean financiados por impuestos generales y no por sus cotizaciones (encuestas 2024 de Cadem, Criteria y USS).

En general, el sistema previsional actual funciona bien. Sus fortalezas son muchas. La tasa mediana de reemplazo (pensiones autofinanciadas con ahorros en las AFP divididas por remuneraciones netas a lo largo de la vida) es alta. Por ejemplo, es un 68% para los hombres que han cotizado más de 35 años (David Bravo). Las comisiones cobradas por las AFP, equivalentes a 0,5% anual de los saldos ahorrados, son bajas en comparación internacional (OCDE).

Pero el sistema también presenta debilidades. La principal es que las pensiones de importantes segmentos (muchas mujeres y los trabajadores informales) son bajas, porque han cotizado pocos años. Más aún: el Congreso populista legisló los retiros de ahorros previsionales en 2020-21, que contribuyeron a la gran caída en pensiones autofinanciadas. Por ejemplo, las tasas de reemplazo de las mujeres que cotizaron solo 5 a 10 años disminuyeron de 51% a 34% después de los retiros.

Para una buena reforma previsional, acá planteo siete ideas centrales, en su mayoría propuestas desde la Comisión Marcel (2006):

1. Incrementar la tasa de contribución de 10% a 16%, todo a cuentas individuales administradas por las actuales AFP.

2. Aumentar las edades de jubilación.

3. Reemplazar las comisiones sobre sueldos por comisiones sobre saldos ahorrados.

4. Perfeccionar la regulación de las inversiones.

5. Reemplazar la PGU por el anterior Aporte Previsional Solidario.

6. Corregir los incentivos a la evasión y la informalidad: un programa coherente de reformas laborales y tributarias, y de cambios de los programas sociales.

7. Nunca más retiros.