Hernán Cheyre V.
Presidente CIES UDD
El Mercurio
Viernes 08 de noviembre
El mecanismo de financiamiento de la educación superior que está proponiendo el Gobierno (FES), en que a cambio de liberar a los estudiantes del pago del arancel de referencia mientras cursan sus estudios, les cobrará una tasa que llegará hasta el 8% de sus ingresos durante un período equivalente al doble del tiempo de duración de sus respectivas carreras, puede tener un impacto negativo que va mucho más allá de lo que hasta ahora se ha planteado en el debate público.
De acuerdo a las estimaciones que han presentado distintos expertos y centros de estudio, un porcentaje importante de los egresados va a terminar pagando un monto muy superior al aporte efectivo recibido desde el Estado. Pero los cálculos presentados subestiman el costo total que podrían terminar pagando los nuevos profesionales, ya que estas estimaciones se calculan a partir de lo que sería un sueldo de referencia que podrían recibir los egresados. Sin embargo, de acuerdo al proyecto de ley, la base de cobro no se limitaría a los ingresos recibidos por concepto de un sueldo, sino que incluiría también las rentas del capital, con una lógica similar a la que subyace al Impuesto Global Complementario (IGC), si bien con algunas diferencias. Entonces, si un profesional que va a tener que pagar el 8% de las remuneraciones recibidas durante un período de 20 años decide ahorrar parte del ingreso percibido en depósitos a plazo, invirtiendo en fondos mutuos o acciones, por ejemplo, para aspirar a adquirir una vivienda, los intereses que va a ir ganando no solo van a formar parte del IGC que le corresponda según su tramo de ingreso, sino que adicionalmente se le va a cobrar el 8% correspondiente al pago del FES.
Análogamente, esto también aplicaría a quienes opten por el camino del emprendimiento: los ingresos recibidos no solo pagarán el IGC correspondiente, sino que también deberán pagar este cargo adicional del 8% . Y qué decir si venden su negocio y obtienen una ganancia con la operación, lo que está en la esencia de la creación de startups. Estamos, pues, ante un proyecto de ley absolutamente discriminatorio, que en la práctica establecerá una Sobretasa al IGC en todos los tramos, exceptuando a quienes reciban ingresos mensuales totales por un monto inferior a aproximadamente $500 mil.
Hay consenso transversal en cuanto a que Chile necesita más profesionales que opten por el camino del emprendimiento, impulsando proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la productividad de la economía. Pero si al fruto del esfuerzo realizado y del riesgo asumido se le grava con el pago de una Sobretasa de 8%, el desincentivo a ahorrar y a emprender que ello implica resulta ser una contradicción evidente con lo que se predica.
