Cristián Larroulet
Profesor e investigador CIES UDD
Ex-Ante
Jueves 03 de abril 2025
Ya el 2021 el Presidente Sebastián Piñera había firmado un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Seguridad Pública. Su inicio de operaciones oficial este martes es sin duda un paso en la dirección correcta. El crimen no solo destruye vidas, sino también el futuro económico del país.
El pasado 30 de marzo finalizó la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Chile. En la agenda del evento destacó desde el primer día la preocupación por el crimen organizado y la delincuencia, un problema que se agudiza en Chile y el resto de América Latina. Ya en noviembre del año pasado el BID había estimado que los costos directos del crimen, en América Latina, durante 2022, eran de 3,44% del PIB, equivalente a 80% del presupuesto educativo, una estimación compartida por otro estudio similar del Fondo Monetario Internacional. El mismo estudio del BID señala que en Chile el costo del crimen habría sido del 2,4% del PIB el 2022.
Sin embargo, dicha estimación, como reconoce el BID, se basa sólo en los costos “directos” del crimen:
Pero también existen múltiples costos indirectos, tales como “la acumulación de capital humano en niños y jóvenes, y la inversión y el crecimiento de las empresas”.
A lo anterior se debe agregar los cambios en el comportamiento de la población por temor al crimen, el costo de atención de largo plazo a las víctimas, y los crímenes no reportados, entre otros.
La falta de datos precisos dificulta incluir estos factores en el cálculo, pero es innegable que son una parte sustancial del costo económico. En efecto, en el estudio antes mencionado, el BID indica que “Los costos indirectos del crimen pueden exceder en gran medida los costos directos contabilizados”.
Es por tanto de vital importancia, estimar el costo económico total sobre un país o región, de la violencia. es decir medir cual sería el PIB del país si no hubiera criminalidad. La principal dificultad es la necesidad de recrear un escenario contrafactual donde dicho crimen no existe.
Afortunadamente, en los últimos años han surgido técnicas estadísticas para superar este obstáculo. Una de las más prominentes es la del Método de Control Sintético. En términos simples, en esta técnica se define un sujeto (país, región, etc.) que es afectado por un evento (ley, reforma, etc.) en un año determinado y se busca recrear cómo habría evolucionado el sujeto tratado en ausencia del evento.
Dicha técnica es ideal para estudiar los efectos del crimen, pues nos permite responder “¿qué habría pasado en Chile si no existiera el crimen que actualmente hay?”. En una investigación con Jean Sepúlveda, de la Universidad del Desarrollo utilizamos este método para estudiar uno de los conflictos más importantes en la historia reciente de Chile: la violencia en la Araucanía. La región ha sido la más pobre del país durante los últimos 20 años (la segunda más pobre después de Ñuble según la encuesta CASEN 2022) y desde 1997 ha sufrido un creciente número de eventos violentos, los que se quintuplicaron del período 1990-1999 al 2011-2021.
Al comparar la trayectoria real con la contrafactual, el control sintético permite estimar el efecto económico de la violencia. En nuestro estudio observamos un gran efecto a partir del 1997, donde la Araucanía real (“Actual”) tiene un PIB per cápita persistentemente menor que el de la Araucanía contrafactual (“Synthetic”). Estimamos que, entre 1998 y el 2020, la Araucanía ha disminuido en un 22% su PIB per cápita (en $US PPP 2013) como consecuencia de la violencia. Esto son casi 2.600 dólares (unos 2.470.000 pesos) menos de ingreso anual para el habitante promedio de la región. Para ponerlo en perspectiva, un estudio del terrorismo en el país vasco estimó una pérdida de 10%, y otro estudio del crimen organizado en el sur de Italia estimó una pérdida de 16%.
Estos estudios sugieren que el costo directo de 2,4% del PIB debe ser interpretado como un límite muy inferior del costo económico total del crimen en Chile. Mayor crimen desincentiva la inversión, deteriora nuestro capital humano, aleja la innovación y produce un clima generalizado de miedo e incertidumbre. Es evidente que el crimen lleva un largo tiempo perjudicando a la economía chilena.
Estos temas no pueden seguir siendo tratados como cuestiones aisladas: la inseguridad en Chile es un factor importante en explicar el estancamiento de la última década. Esto ya fue advertido por Rodrigo Valdés el año pasado, quien lo reiteró el pasado miércoles en un panel del Financial Times junto al presidente del BID y el ministro Mario Marcel. En un año electoral donde la economía y delincuencia serán ejes centrales de las campañas, se hace necesario entender la estrecha relación de ambos problemas en impedir el progreso del país.
Ya el 2021 el Presidente Sebastián Piñera había firmado un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Seguridad Pública. Su inicio de operaciones oficial este martes es sin duda un paso en la dirección correcta. El crimen no solo destruye vidas, sino también el futuro económico del país. Chile no puede permitirse seguir perdiendo crecimiento, inversión y oportunidades por la inseguridad. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino si lo haremos con la urgencia y contundencia que la realidad exige.
