Cristián Larroulet
Profesor e Investigador CIES UDD
Lunes 27 de abril 2026
Ex-Ante
Con el desempleo en su nivel más alto en años no-pandémicos, Chile no puede darse el lujo de rechazar la única reforma que puede reactivar la inversión y crear empleo formal de verdad.
La Ley de Reconstrucción Nacional anunciada por el Presidente Kast el pasado 15 de abril ha encendido el debate público. Y está bien que así sea. Porque lo que está en juego no es un ajuste tributario técnico ni un detalle contable: lo que se discute es si Chile retoma el camino del crecimiento o sigue encallado en la trampa del Ingreso Medio. Parte de la oposición ha salido a decir que esta ley —y la rebaja del impuesto corporativo en particular— beneficia a los ricos. Esa afirmación no solo es técnicamente incorrecta: es profundamente injusta con los millones de trabajadores y familias de clase media que más necesitan que Chile vuelva a crecer.
Los números son elocuentes y duelen. En los años 90, Chile crecía al 6% anual, con tasas de inversión cercanas al 27% del PIB. Ese dinamismo no enriqueció sólo a unos pocos: sacó a millones de personas de la pobreza, generó empleo de calidad y permitió que familias trabajadoras pudieran comprar su primera casa, pagar la universidad de sus hijos y construir un futuro mejor. Hoy, ese Chile parece un recuerdo lejano. La inversión privada lleva años estancada, el crecimiento promedia un 2% y el desempleo ronda el 8,5%, su nivel más alto en años no-pandémicos.
Un shock de inversión o una década más perdida
Uno de los ejes centrales de la Ley de Reconstrucción es la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%. Para entender por qué esto importa, basta con mirar el contexto internacional. En el año 2000, Chile tenía un impuesto corporativo de apenas 15%, mientras el promedio de la OCDE rondaba el 32%. Esa competitividad tributaria fue uno de los factores que explicó el boom de inversión de esa época. Hoy la situación se invirtió completamente: el promedio de la OCDE está en torno al 22,6%, mientras Chile mantiene un 27%. Somos uno de los países más gravosos para invertir dentro del club de economías al que queremos pertenecer.
Un estudio reciente del Observatorio del Contexto Económico de la UDP —elaborado por los economistas Valentina Apablaza, Juan Ortiz y Miguel Lorca— cuantificó el efecto esperado de la medida. Sus resultados son contundentes: cada punto porcentual de rebaja en el impuesto corporativo produce un aumento de entre 0,37% y 1,08% en la inversión privada en el corto plazo. En el largo plazo, ese efecto escala a entre 3,9% y 5,9%. Traducido al lenguaje cotidiano: la rebaja propuesta por el gobierno generaría, por sí sola, un aumento acumulado del PIB de entre 0,47% y 1,28% al término del período presidencial.
¿A quién beneficia ese crecimiento? No a los dueños de grandes fortunas, que ya tienen sus patrimonios protegidos contra cualquier ciclo económico. Los que ganan con el crecimiento son el trabajador de construcción que consigue un contrato formal, la dueña de casa que puede volver al mercado laboral porque hay empleos disponibles, el emprendedor regional que ve crecer su cartera de clientes, el profesional recién egresado que encuentra su primera oportunidad. El crecimiento económico es, en esencia, la mejor política de clase media que existe.
El segundo pilar del proyecto —la reintegración del sistema tributario— tampoco es un capricho ideológico. Como ha explicado el economista Claudio Agostini, académico de la UAI, la integración consiste en reconocer el impuesto que una empresa ya pagó cuando sus socios tributan sus ingresos personales. El sistema desintegrado que instaló la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet creó una anomalía flagrante: dos personas con exactamente el mismo nivel de ingresos —una dependiente, otra con participación en una empresa— pagan impuestos radicalmente distintos. Eso no es equidad tributaria. Eso es discriminación.
Este punto golpea especialmente a los pequeños y medianos empresarios que son columna vertebral de la clase media chilena. Pero eso no es todo,también esa discriminación castiga al trabajo, ya que en una economía global al retirarse el capital el impuesto lo termina pagando el trabajor.
Ahora o nunca: el Congreso no puede repetir los errores del pasado
Llegar al 4% de crecimiento, meta donde hay prácticamente unanimidad, no es fácil. Requiere decisiones valientes, no parches. Requiere enviar al mundo una señal clara de que Chile está abierto a la inversión, que respeta los contratos y que tiene reglas del juego estables. La Ley de Reconstrucción Nacional es precisamente esa señal.
Por eso, hay que valorar la actitud de parte de la oposición que ha logrado acuerdos, pero a su vez condenar la irresponsabilidad de los partidos que llaman a oponerse. No se puede pedir un shock de inversión a medias. Un paciente al que se le opera sólo la mitad de la enfermedad no se cura: empeora. Chile necesita esta reforma completa, no una versión descafeinada que tranquilice conciencias políticas sin mover la aguja de la economía real.
Diputados y senadores tienen hoy una oportunidad histórica. Pueden votar con la clase media —con el trabajador que quiere un mejor salario, con el emprendedor que necesita crecer, con el desempleado que lleva meses buscando trabajo, con la familia que sueña con un Chile más próspero— o pueden sucumbir al populismo fácil de la demagogia. La historia nos enseña que ese camino nos llevaría inexorablemente por la senda de la frustración.
