KLAUS SCHMIDT-HEBBEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD (CIES), U. DEL DESARROLLO
De Puño y Letra – El Mercurio
Lunes 29 de junio 2026
Herencia fiscal del presidente Boric
Las metas fiscales incumplidas en 2023-25, el aumento de la deuda pública y el adulterado Presupuesto 2026 caracterizan la gestión fiscal de los ministros M. Marcel y N. Grau como la más irresponsable en cinco décadas.
Estos ministros no solo incurrieron en errores sistemáticos al sobreestimar los ingresos tributarios para 2023-25 y los proyectados para 2026. La irresponsabilidad de ellos consistió en no realizar los ajustes fiscales que deberían haber hecho para cumplir con sus propias metas de déficit fiscal. En 2025 se observó una masiva desviación de 2,6% del PIB entre la meta de balance estructural (MBE) inicial (-1,1% del PIB) y el valor materializado (-3,7% del PIB). Y el Presupuesto 2026 del ministro Grau (Informe de Finanzas Públicas o IFP de 4T25) especificó una MBE de -2,7% del PIB; tres meses más tarde, el nuevo ministro de Hacienda, J. Quiroz, proyecta una MBE de -4,1% del PIB en el presupuesto heredado, antes de considerar las correcciones fiscales que el actual ministro está ejecutando.
Pero eso no es todo. Lo más grave es que el presupuesto para 2026 del ministro Grau contiene severos y cuantiosos errores y omisiones. Un ejemplo son los ingresos tributarios de la Ley de Cumplimiento Tributario: el FMI advirtió reiteradamente sobre su sobreestimación (además informó la imposibilidad de replicar y trazar los modelos de proyección de la Dirección de Presupuestos). Así, el ministro Quiroz debió ajustar estos ingresos de 0,7% a 0,1% del PIB para 2026.
Respecto de los gastos para 2026, Grau no reconoció en el presupuesto pagos postergados de 2025 que quedaron para 2026. El Consejo Fiscal Autónomo señaló expresamente que el reajuste de sueldos de empleados públicos implica un mayor gasto de US$ 800 millones, sin financiamiento identificado en el Presupuesto 2026. A eso se agregan mayores pagos por intereses y aumentos de cotizaciones de empleados públicos.
Una “Inspección Total” del actual gobierno, tras revisar más de 900 millones de registros de más de 500 organismos, valorizó alertas fiscales por US$ 9.200 millones e identificó US$ 3.200 millones en pagos postergados de 2025 a 2026 —el mayor nivel registrado en un cambio de gobierno—, que afectan prestaciones de salud, alimentación escolar y gratuidad, y a unos 10.000 proveedores del Estado.
Pero quizás la inconsistencia más reveladora de la irresponsabilidad fiscal se refiere a la relación entre déficits y niveles de deuda proyectados por Grau para el futuro. Entre sus propios IFP 3T25 e IFP 4T25, el déficit acumulado proyectado para 2026-2030 se incrementa en US$ 14.000 millones; en cambio, el aumento de la deuda pública es de solo US$ 4.000 millones. Faltan cerca de US$ 10.000 millones, sin una explicación financiera coherente: el déficit y la deuda, sencillamente, no calzan.
En los primeros tres meses de su gestión, el ministro Quiroz: (i) ha adoptado importantes reducciones y reestructuraciones de gastos, (ii) ha implementado una revisión completa de las finanzas públicas, sincerando los ingresos y los gastos fiscales efectivamente comprometidos para 2026 y años futuros (IFP 1T26), (iii) se ha comprometido con una senda de estabilización del déficit y de la deuda en el período 2026-30 (Decreto de Política Fiscal, 9 junio 2026), y (iv) ha obtenido la aprobación parlamentaria para un endeudamiento adicional por US$ 6.200 millones en 2026, necesario para financiar los errores y omisiones presupuestarios de Grau.
Las reducciones graduales de las MBE comienzan con un déficit de 2,6% del PIB para el presente año, que refleja un ajuste fiscal por el MH de 0,6% del PIB respecto del déficit de 3,2% del PIB) (el 4,2% de MBE corregido, heredado por Grau, es nuevamente redefinido por un cambio metodológico de ingresos estructurales del cobre). Para los sucesivos años entre 2027 y 2030, el ministro Quiroz proyecta niveles de MBE que caen linealmente desde 1,8% del PIB en 2027 hasta 1,5% del PIB en 2030. Con ello, la deuda pública aumentaría gradualmente desde 43,1% del PIB en 2026 hasta 46,5% del PIB en 2030.
Sin embargo, el ministro Quiroz ha comprometido esfuerzos futuros de contención de gastos y ventas de activos para no superar la segunda meta fiscal, correspondiente a un valor máximo de la deuda bruta de 45% del PIB. En comparación con la deficiente administración fiscal bajo el gobierno de Boric en 2023-2026, esta trayectoria fiscal en 2027-2030 reflejaría un sinceramiento de las cuentas fiscales y una estabilización fiscal notable bajo el gobierno de Kast.
